El Ayuntamiento de Jaén elevará su petición de penas para los nueve acusados en el “caso Matinsreg”

El Ayuntamiento de Jaén elevará su petición de penas para los nueve acusados en el caso Matinsreg y así lo planteará este miércoles cuando las partes informen al tribunal en el juicio que se sigue en la Audiencia de Jaén sobre las supuesta trama de facturas “infladas” vinculadas al mantenimiento de las fuentes ornamentales de la capital jiennense.

De esta forma, según han indicado a Europa Press fuentes municipales, el Ayuntamiento, que ejerce la acusación popular, reclamará para seis de los nueve acusados, incluido el que fuera alcalde de Jaén y secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, ocho años de cárcel y 20 años de inhabilitación absoluta, por delitos que en su caso incluyen la malversación y la prevaricación. En otros de los acusados también contempla la falsedad en documento oficial.

Por otro lado, para los exconcejales Manuel García Anguita y Manuel del Moral, junto con el técnico municipal, ya jubilado, reclamará once años de prisión al sumar el delito de cohecho. Además, de los 20 años de inhabilitación absoluta incluye otros siete años más de inhabilitación para empleo o cargo público y multa de 6.000 euros.

En lo que respecta al gerente de Matinsreg, que reconoció en el juicio haber formado parte de una trama de facturas falsas para cobrar al Ayuntamiento por trabajos no realizados y con sobrecostes vinculados al mantenimiento de las fuentes ornamentales, el Ayuntamiento pedirá que se contemplen las atenuantes de confesión y reparación del daño.

Atenuante de confesión por haberlo reconocido todo durante su declaración ante el tribunal y reparación del daño por haber depositado en el juzgado un millón de euros para que fuera puesto a disposición del Ayuntamiento de Jaén.

De contemplar estas atenuantes el tribunal, que también pedirá el PSOE como acusación popular, supondría rebajarle la pena, que finalmente se quedaría, entre los tres años y medio y los cuatro años de cárcel.

En lo que respecta al PSOE, su horquilla de penas irá desde los años de cárcel y 15 de inhabilitación absoluta que solicita para seis de los nueves acusados, entre ellos Fernández de Moya, por delitos que incluyen malversación, prevaricación y también en algunos casos, la falsedad documental.

Para tres de los acusados, como son los exconcejales García Anguita y Manuel del Moral, así como para el que fuera técnico municipal, A.S.G., además de los siete años, añade otros tres más como presuntos autores de un delito de cohecho por el que también le reclaman multa de 2.160 euros y siete años de inhabilitación para cargo público.

La acusación particular como la popular consideran que la única mujer que está sentada en el banquillo como acusada merece una condena como cómplice de los delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental por el que le reclaman cuatro años en el caso del Ayuntamiento y tres años de cárcel por parte del PSOE.

En cuanto a responsabilidad civil, el Ayuntamiento pedirá que los nueve investigados indemnicen al ayuntamiento en 3,9 millones de euros por el “quebranto real” causado a las arcas municipales.

En esta causa, el Ministerio Fiscal ha dejado libre de toda responsabilidad a José Enrique Fernández de Moya y no se espera que haya cambios al respecto aunque habrá que esperar hasta este miércoles para conocer el contenido exacto de su informe, una vez que ya ha comunicado que va a haber modificaciones, aunque no sustanciales respecto al planteamiento inicial de su escrito de calificación provisional.

Será este miércoles, en sesión de mañana y tarde, cuando las partes informen. Ese día volverán a estar sentados en el banquillo los nueve acusados, a los que la presidenta del tribunal dará turno con la última palabra por si desean añadir algo a lo ya dicho durante la vista. Será el momento en que el juicio quede visto para sentencia.

Hasta el momento el Ministerio Público sólo ha venido apuntando a nivel municipal como máximos responsables de la trama al que fuera teniente de alcalde, Miguel Ángel García Ánguita, y al entonces concejal de Mantenimiento Urbano, Manuel del Moral, así como al técnico municipal A.S.G..

Para estos tres acusados, el Ministerio Fiscal pidió en su escrito de calificación provisional nueve años de prisión, seis como presuntos autores de un delito de malversación de caudales públicos en concurso medial con el delito de falsedad documental, y tres años más por el delito de cohecho, además de multa de 7.200 euros. También reclama su inhabilitación para cargo o empleo público durante 25 años.

Para otros tres acusados solicitó penas de siete años de cárcel por malversación de caudales públicos y seis años para el último de los acusados por el mismo delito. Asimismo, el Ministerio Fiscal pide que los siete acusados indemnicen al Ayuntamiento de Jaén en 4,9 millones de euros, cantidad en la que cifra el perjuicio económico causado al Consistorio jiennense y que también podría modificar.

En el escrito del Ministerio Fiscal, estableció que los empresarios J.M.A.; I.H.C.S. y L.G.G.V., “puestos de común acuerdo y animados de lucro acordaron que las facturas que presentaran al Ayuntamiento de Jaén contuvieran conceptos no ajustados a la realidad como precios de los productos usados muy superiores al real, cantidad de estos productos utilizada igualmente muy superior a la realmente utilizada, horas de trabajadores también que no se correspondían con la realidad”.

El objetivo, según el fiscal, era “elevar el importe de las mismas y obtener de las arcas municipales unos beneficios ilícitos”. Añade que dicho acuerdo era conocido tanto por Miguel Ángel García Anguita como por Manuel del Moral, que como responsables del Ayuntamiento, “facilitarían” al resto de acusados “la consecución de su plan”.

Para ello permitirían que las facturas que presentara Matinsreg “fueran aceptadas, visadas y conformadas por el técnico municipal correspondiente de la Oficina de Control de Empresas de la Concejalía de Mantenimiento, así como por el concejal dándoles con ello apariencia de legalidad a fin de que fueran finalmente abonadas por el Ayuntamiento”.

Además, el fiscal señaló que tanto los dos responsables públicos como el técnico municipal lograron también favores de contratación de familiares y conocidos por parte de Matinsreg y empresas vinculadas a la misma.

Según se desprende del escrito del Ministerio Fiscal, José Enrique Fernández de Moya estuvo al margen y no era conocedor de la trama. Establece que los múltiples reparos a las facturas realizados por el interventor por ausencia contractual se levantaron por acuerdo del pleno con el apoyo de 16 concejales, que al igual que el alcalde, “desconocían la mendacidad de las facturas” y basándose “en la existencia de crédito para aprobar el pago de unos trabajos que formalmente aparentaban haberse realizado”.

Ahora, a partir de lo oído en el juicio, el Ministerio Fiscal tendrá que decidir si mantiene su relato o introduce cambios. También el PSOE como el Ayuntamiento ya han comunicado que mantendrán su relato sobre lo ocurrido.

Tanto Fernández de Moya como Miguel Ángel García Anguita ya solicitaron su baja cautelar de militancia en el PP una vez que conocieron que la Audiencia de Jaén rechazó todos los recursos de apelación.

El origen de esta causa está en la querella interpuesta por el grupo municipal socialista a finales de 2017 y en la que se apuntaba a pagos “inflados” a Matinsreg, empresa a la que supuestamente se había adjudicado ‘a dedo’ el servicio de las fuentes ornamentales en la ciudad cuando Fernández de Moya era alcalde de Jaén, en 2012.