Piden la recusación de una perito “contaminada” en la causa de los cursos que archivó Bolaños y se reabrió

Un investigado cree que podría convertirse “en juez y parte” ya que fiscalizó expedientes ligados a las subvenciones ahora en el foco de la Justicia

La jueza María Núñez archivó la causa, pero la Audiencia de Sevilla la reabrió
La jueza María Núñez archivó la causa, pero la Audiencia de Sevilla la reabrióEUROPA PRESS

Ha resultado un punto frágil. La Audiencia de Sevilla reabrió la causa matriz de los cursos de formación, la “pieza política” que afecta a ex cargos de la Junta y que había sido archivada antes por la jueza María Núñez Bolaños, con el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción. La magistrada ya no está a los mandos de los “macroprocesos” en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, del que es titular, pero el juzgado designó a una perito interventora en ese caso, M. V. L. G., que uno de los investigados quiere recusar.

En un escrito, al que accedió LA RAZÓN, la representación procesal del encausado alega que “concurre” en ella “interés directo o indirecto” en una causa en la que “ya ha actuado e intervenido”, lo que haría que pudiera “incurrir en falta de imparcialidad objetiva”, advierte al juzgado. Y no se queda ahí. Plantea que se puede “considerar que se encuentra ‘contaminada’” por lo hecho antes y que “podría convertirse en ‘juez y parte’ en el presente procedimiento”, de ahí que se pida al órgano judicial que la inste a hacerse a un lado.

Recuerda dicha parte que M. V. L. G. “fue interventora provincial de Hacienda, con funciones” entre otras delegaciones, así como en la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Sevilla. Y agrega que “realizó el control financiero previo de las programaciones formativas” de ese territorio que “son objeto de la instrucción actual en sede judicial”. “Es decir -hilvana-, fue la interventora que fiscalizó de conformidad todos los expedientes que dieron como resultado la concesión de subvenciones” durante tres años.

O dicho de otra manera: sin el plácet de la Intervención no se hubieran podido otorgar los fondos públicos de la Administración autonómica, por lo que “su posición en el procedimiento, lejos de ser accesoria, fue principal”, se recalca en el escrito, en el que también se apunta que fue citada como testigo por el propio juzgado de Instrucción número 6 “en el contexto de estas mismas diligencias” y convocada por la comisión parlamentaria de investigación que se armó en torno a la formación.