Los afectados de Magrudis achacan “mala fe”, “manipulación” y omisiones a la inspectora municipal

Las personas afectadas por el brote de listeriosis surgido en 2019 por la carne mechada distribuida por la empresa Magrudis pese a estar contaminada con dicha bacteria, un caso investigado por el Juzgado de Instrucción número diez de Sevilla, han elevado a dicha instancia judicial su escrito de oposición a la petición de la Fiscalía para que la causa sea sobreseída provisionalmente respecto a la inspectora veterinaria del Ayuntamiento investigada en las actuaciones.

En dicho escrito de las acusaciones particulares, promovido por Facua Sevilla o el abogado Germán Grima entre otros, en representación de numerosas personas afectadas de un modo u otro por el brote, las mismas avisan de que “la petición (de la Fiscalía) de sobreseimiento provisional de varios de los investigados se basa exclusivamente en las palabras exculpatorias que pronunciaron en su declaración, cuando obran en las actuaciones indicios racionales de criminalidad”.

Especialmente, en este escrito recogido por Europa Press señalan el caso de la inspectora veterinaria municipal María José Ojeda, pues a juicio de las acusaciones particulares, en las diligencias median documentos que reflejan que dicha investigada habría participado en que Magrudis “continuase con su producción, incumpliendo de forma flagrante la normativa destinada a la protección de la salud pública”, lo que “desembocó en el grave brote de listeriosis”, toda vez que la Fiscalía pide eximir a esta funcionaria municipal por “la de medios del servicio de Inspección y la sobrecarga de trabajo”.

Las acusaciones, empero, señalan dos actas de inspección de Ojeda que presentan “graves carencias y omisiones que permiten acreditar que de forma presuntamente deliberada, otorgó a las mercantiles imputadas una relajación en el control (...), así como una extensión en el tiempo para realizar nuevas inspecciones, obviando igualmente determinadas carencias técnicas que debieron conllevar el cese inmediato de la actividad”.

La funcionaria, según las acusaciones particulares, habría “manipulado presuntamente con mala fe los datos en las actas de inspección” para “dilatar en el tiempo las inspecciones (...) a fin de aliviar de forma artificiosa la carga de trabajo por la falta de personal para esas labores de control y por” su “propia dejadez”, en “un evidente desprecio a su labor como profesional”.

“FAVORECER EL DELITO”

La investigada, así, habría “favorecido el delito, ya que es altamente probable que el cumplimiento de las obligaciones de inspección y control hubiera impedido el desarrollo de la actividad de Magrudis o al menos el desarrollo de la misma con las graves deficiencias detectadas”.

En el escrito de la Fiscalía, el Ministerio público pide continuar las actuaciones por presuntos delitos contra la salud pública y de defraudación del fluido eléctrico contra José Antonio Marín Ponce, dueño y administrador de hecho de dicha sociedad; su hijo y administrador único de la entidad, Sandro José Marín Rodríguez; su otro hijo Mario Marín Rodríguez; Encarnación Rodríguez Jiménez como esposa de Sandro José y la hermana de esta última, Isabel María Rodríguez Jiménez.

En paralelo, la Fiscalía no ve “acreditada” la participación en el supuesto delito contra la salud pública en el caso de los investigados Antonio Martínez León y su hermano Domingo como administradores solidarios de la empresa comercial bautizada con sus apellidos; de Federico Rodríguez Jurado como comercial para Magrudis y otras empresas cárnicas; de David Martín Muñiz como asesor financiero de Magrudis; de la inspectora veterinaria del Ayuntamiento de Sevilla María José Ojeda Barrera y del arquitecto Sergio Lorencio Gómez, contratado por Magrudis para la regularización de la actividad que ejercía desde años atrás.

Al arquitecto, eso sí, le achaca no obstante un presunto delito de falsedad en documento oficial junto con José Antonio Marín Ponce y Sandro José Marín Rodríguez, a cuenta de la declaración responsable presentada ante el Ayuntamiento hispalense para la regularización de la actividad de Magrudis.

Dado el caso, la fiscal ha pedido continuar las diligencias contra los primeros investigados, es decir los responsables de Magrudis y sus familiares; y el “sobreseimiento provisional” respecto a Antonio Martínez León y su hermano Domingo, Federico Rodríguez Jurado, David Martín Muñiz, María José Ojeda Barrera y Sergio Lorencio Gómez, aunque sólo parcialmente en este último caso porque se le atribuye el mencionado delito de falsedad en documento oficial, como ha sido indicado.

LA RESPONSABILIDAD CIVIL

En paralelo, la Fiscalía pide “seguir el procedimiento para determinar la responsabilidad civil” no sólo contra las personas físicas contra las que reclama continuar las actuaciones por los presuntos delitos señalados, sino contra las empresas Magrudis y su derivada Cárnicos Mario, contra sus empresas aseguradoras y contra el Ayuntamiento hispalense “por responsabilidad patrimonial derivada de funcionamiento normal o anormal del servicio público”, dado el “deficiente control sanitario y de la licencia de actividad”.

Todo ello por el mencionado brote empidémico del verano de 2019, que sumó más de 200 afectados, la muerte de cuatro de ellos tras consumir los productos contaminados con la bacteria Listeria monocytogenes y abortos en el caso de varias embarazadas.

Para la fiscal, “queda acreditado que los responsables de Magrudis conocían que realizaban un proceso de elaboración (de productos cárnicos) con deficiencias sanitarias riesgo grave o muy grave para los posibles consumidores en caso de comercialización”, señalando expresamente el caso de un lote de productos “que dio positivo en Listeria monocytogenes el 22 de febrero de 2019 y había llevado Sandro José Marín a analizar como consecuencia de una intoxicación”.

“LO OCULTARON DE FORMA DELIBERADA”

“No existe constancia de que los responsables de Magrudis retiraran el lote del mercado (...), manteniendo de esta forma su ocultación”, expone la Fiscalía, según la cual los citados investigados “no pusieron los hechos en conocimiento de las autoridades sanitarias ni del Ayuntamiento de Sevilla ni de la Junta de Andalucía, desprendiéndose que lo ocultaron de forma deliberada”.

Los informes técnicos, según la Fiscalía, reflejan que en las instalaciones compartidas entre Magrudis y Cárnicos Mario, así como en productos de las mismas como carne mechada, chicharrones, lomo al pimentón o lomo al jerez, fue “detectada la bacteria monocytogenes”.

En el caso de la inspectora veterinaria del Ayuntamiento, la Fiscalía expone que la actuación del servicio en el que trabaja la misma “fue sin duda deficiente”, precisando que la exención de responsabilidad que se solicita para la misma “deriva de una falta de medios del propio servicio de inspección y la sobrecarga de trabajo, por la escasa dotación de personal a la vista de sólo nueve veterinarios oficiales para todo el distrito de Sevilla”.

“Con la frecuencia de las inspecciones con los referidos medios, es evidente que nunca podrá hacerse según las exigencias de la normativa sanitaria”, indica la Fiscalía.

No consta que ella ni el arquitecto contratado por Magrudis, según la Fiscalía, conocieran “la presencia de positivo en Listeria ya en febrero de 2019, ni en los resultados que finalmente se produjeron”, en alusión a las muertes y los abortos.