El ex delegado de Educación en Granada denuncia en la Fiscalía a Imbroda por prevaricación

El ex delegado de Educación y Deportes en Granada, Antonio Jesús Castillo, ha presentado ante la Fiscalía una denuncia contra el consejero Javier Imbroda, al que ha acusado de prevaricación y de un posible delito contra los derechos de los trabajadores contra cargos intermedios de Ciudadanos. La denuncia, formalizada este martes y a la que ha tenido acceso Efe, considera que Imbroda y la actual delegada de Educación y Deportes en Granada, Ana Berrocal, han cometido un delito de prevaricación cometido por autoridad o funcionario y otro contra los derechos de los trabajadores.

El denunciante ha considerado a Imbroda y Berrocal responsables de diferentes ceses de personal de la Consejería realizados “de manera arbitraria y discriminatoria” contra militantes de Ciudadanos. Castillo ha sumado esta denuncia a la que interpuso en el ámbito del comité ético de la formación naranja y que repitió este mes de abril al considerar que Imbroda ha comenzado una “persecución” de trabajadores de la Consejería “por intereses personales”.

El ex delegado ha asegurado que su cese se enmarca en el objetivo de destituir a personas vinculadas a Ciudadanos que tenían cargos de responsabilidad y que como ha pasado en su caso, otros trabajadores han tenido que dimitir por “acoso”. En la denuncia formalizada ante la Fiscalía ha sumado el caso de un funcionario docente que trabajaba en la Delegación y que fue citado para vacunarse de la covid el pasado mes de marzo de 2021 como otros docentes que no prestan sus servicios en centros educativos este curso escolar.

”Sin apertura de expediente disciplinario previo”, la Junta ha ordenado su vuelta al centro educativo como “medida ejemplarizante”, una decisión que Castillo ha vinculado a su militancia en Ciudadanos. Castillo ha pedido a la Fiscalía que aclare la lista de docentes se han vacunado pese a no estar dando clases este curso y, de ese total, cuántos han sido reprendidos o penalizados para saber si se ha prevaricado en un “acoso” por cuestiones políticas.

Por su parte, la Delegación de Educación de la Junta en Granada ha replicado en un comunicado que el relato de Castillo está “plagado de cuestiones inconexas e incorrectas”, y ha negado que la delegada, Ana Berrocal, ordenara la vacunación irregular de funcionarios. En cuanto a la situación concreta sobre la vacunación de un docente adscrito, la Delegación mantiene que la vacunación de este funcionario obedeció a una “desactualización” de los datos de los listados, dado que figuraba como profesor en su centro educativo y no como personal docente adscrito de la Delegación.

”Siguiendo el criterio de ejemplaridad debida, cuando la Delegación tuvo conocimiento del caso, de forma inmediata, procedió a su reincorporación al centro educativo en el que prestaba servicio en origen, dado que el colectivo docente de los centros educativos sí goza de prioridad en la vacunación”, agrega el comunicado.

La Delegación asegura que con esta decisión estuvo de acuerdo el funcionario “en todo momento”. Aclara que el personal que trabaja en las administraciones públicas no está contemplado dentro de los grupos prioritarios de vacunación, salvo sectores o grupos específicos, y que es la autoridad sanitaria la que establece estos grupos prioritarios, por lo que no se trata de una actuación “arbitraria”.