Vox exige ahora que se convoquen elecciones «de forma inmediata» en Andalucía

«Este Gobierno –andaluz– presume de ser el del cambio, pero se parece en algunos aspectos al Gobierno socialista, es por lo que le exigimos desde el Grupo Parlamentario Vox que convoque elecciones de forma inmediata». Hay aliviaderos que rebosan y el de Vox como tercera pata, externa, del Ejecutivo regional, parece que está próximo a hacerlo. Las primeras frases de este texto las ha dicho hoy el portavoz adjunto de su grupo en el Parlamento autonómico y secretario general del sindicato Solidaridad, Rodrigo Alonso, quien ha añadido: «El pueblo tiene que elegir qué gobierno quiere, si un prestamista de UGT, sindicato corrupto de las mariscadas, o un Gobierno que vele por los parados, los trabajadores, los autónomos y las pymes –pequeñas y medianas empresas–».

Iba a preguntar al consejero de Hacienda y Financiación Europea de la Junta, Juan Bravo, por las ayudas sin justificar, pero se ha centrado en el «privilegio» que se le ha concedido a UGT-A de poder «aplazar el pago de sus deudas sin aportar garantía alguna», pese a estar «sentada en el banquillo de los acusados por el desvío de 40 millones de euros en subvenciones que deberían haberse destinado a la formación de los parados».

En su intervención, Alonso ha intercalado alusiones a lo sucedido ayer en el hotel Antequera Golf, donde se reeligió a Carmen Castilla como secretaria general de la organización sindical con casi un 87 por ciento de respaldo, en un acto que congregó a numerosos políticos, entre ellos el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y al que acudió el secretario general confederal de UGT, Pepe Álvarez. Moreno dedicó a este último unas palabras que parecen no haber gustado a los diputados de Vox.

Alonso ha reprochado al máximo dirigente del Gobierno regional que dijera que Álvarez «mira con cariño a Andalucía», ya que «es el mismo que presumía de llevar a un congreso» de su entidad «al terrorista Otegi», que firmó «un manifiesto con CC OO en favor de que los presos separatistas catalanes salieran a celebrar el día de la Diada», o el que «critica las bajadas de impuestos que se producen» en la comunidad.

Bravo le ha replicado que hay que diferenciar entre el procedimiento administrativo, apartado en el que el «aplazamiento o fraccionamiento» de una deuda es «para todo el mundo igual», y el judicial, donde todavía hay que esperar para ver qué deciden los tribunales.