¿Puede Vox forzar un adelanto electoral en Andalucía?

El partido de Abascal retira su apoyo al presidente andaluz para presionarlo y que anticipe las elecciones, cuya convocatoria solo es potestad de Juanma Moreno. Su única vía sería presentar una moción de censura

El presidente andaluz, Juanma Moreno, y el exportavoz de Vox, Alejandro Hernández, cuya destitución se fraguó a principios de mes y con ella acabó la cordialidad entre los dos partidos
El presidente andaluz, Juanma Moreno, y el exportavoz de Vox, Alejandro Hernández, cuya destitución se fraguó a principios de mes y con ella acabó la cordialidad entre los dos partidos FOTO: Servicio Ilustrado (Automático) VOX

La campaña de Vox para intentar forzar un adelanto electoral en Andalucía empezó en marzo. El mismo día que en Murcia se celebraba la primera sesión de la moción de censura de PP y Cs -que acabó en fracaso y con tres diputados tránsfugas de Vox en el Gobierno del PP- Santiago Abascal celebraba un acto en Sevilla cuyo único objetivo era lanzar un mensaje al Gobierno andaluz de Juanma Moreno: “La veleta naranja se ha convertido en el puñal naranja”, lanzó en referencia al socio del PP en la Junta. Desde entonces, todos los mensajes de la formación de ultraderecha se han dirigido hacia el mismo flanco, con el objetivo de desestabilizar el pacto que tienen ambas formaciones, cuyos Presupuestos han salido adelante en tres ocasiones con el apoyo externo de Vox.

Pero el tiempo de la cordialidad terminó la semana pasada: el anuncio de Andalucía de acoger a 13 menores marroquíes llegados a Ceuta durante la crisis humanitaria provocada por Marruecos sirvió de anclaje a Vox para lanzarse, ya sin ambages, a reclamar la convocatoria de elecciones -previstas si se completa la legislatura para finales de 2022-. Abascal volvió a desplazarse a Sevilla para escenificar, mediante una concentración a las puertas de San Telmo -sede de la Presidencia-, lo que soterradamente llevaba pidiendo dos meses. Solo a Moreno compete el adelanto electoral, según refleja la Ley Electoral de Andalucía, que determina en su título tercero que la convocatoria “se efectuará mediante decreto del presidente de la Junta” y será publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Además, establece como inhábiles a efectos electorales los meses de julio y agosto, por lo que, como mínimo, hasta septiembre no sería posible celebrarlas.

En su estrategia de presión, incluso Vox destituyó a principio de mes a su portavoz parlamentario para poner al frente a otro diputado, Manuel Gavira, en un claro movimiento para distanciarse del PP, con quien había firmado en abril un acuerdo para reducción de impuestos. Vox ya no se esconde y sus mensajes diarios van en la misma dirección: hay que adelantar elecciones. Y todas sus acciones políticas van encaminadas a dejar en minoría a un Gobierno que hasta hace menos de un mes apoyaba puntualmente. Ayer, en el Pleno del Parlamento, cumplió sus amenazas, aliándose con Adelante Andalucía -la marca de Podemos e IU- para tumbar la nueva Ley de Suelo. Un mensaje directo a la mandíbula de Moreno.

PP y Cs conforman un Gobierno en minoría. Entre los dos suman 47 diputados, frente a los 33 del PSOE y los 8 de Adelante. Vox, con 11, es la cuarta fuerza parlamentaria, pero las encuestas y los últimos resultados electorales en otras comunidades apuntan a una caída sin red de Cs en el Parlamento andaluz. Y Vox quiere aprovechar en beneficio propio las opciones que barajan que podría gobernar en coalición con un PP en claro ascenso, que lograría un empate técnico con el PSOE. Todo eso, unido a que los socialistas están inmersos en un proceso de primarias para elegir a su candidato a la Junta, conforma un caldo de cultivo favorable a los intereses de Juanma Moreno. A priori, el presidente andaluz no valora un adelanto para centrarse en la vacunación y la salida de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus, pero en sus últimas comparecencias ya ha dejado una puerta abierta, condicionada a que “no haya estabilidad” en su Gobierno. En sus manos queda la decisión.

Una moción de censura o una cuestión de confianza

A las voces que piden un adelanto electoral se ha sumado este jueves el candidato del PSOE-A a las primarias, Juan Espadas. El alcalde de Sevilla, una entrevista en Cope recogida por Europa Press, ha sugerido al presidente del Gobierno andaluz que se someta a una cuestión de confianza en el Parlamento o que convoque elecciones si está “secuestrado” por Vox y no cuenta con mayoría suficiente para gobernar lo que resta de legislatura en Andalucía. “En las circunstancias en las que estamos, no creo que el Gobierno de Moreno aguante un año”, ha analizado.

Tras el ejemplo de Murcia y la Comunidad de Madrid, la moción de censura planea también sobre Moreno. Según el Reglamento del Parlamento de Andalucía, este “puede exigir la responsabilidad política del presidente o presidenta de la Junta mediante la adopción de una moción de censura”. En su artículo 140 recoge que “la moción deberá ser propuesta, al menos, por una cuarta parte de los miembros de la Cámara en escrito motivado dirigido a la Mesa del Parlamento, y habrá de incluir un candidato o candidata a la Presidencia de la Junta que haya aceptado la candidatura”. Este punto sería el más espinoso porque no parece probable que Vox apoye a un candidato de la izquierda ni al contrario; la opción, por tanto, estaría en manos del PSOE, que con su representación tendría suficiente para someter a este proceso al presidente, algo poco probable teniendo en cuenta el proceso interno en el que se encuentra inmerso y que el candidato de Ferraz, Juan Espadas, ni siquiera es diputado, aunque sí Susana Díaz, la otra candidata con opciones de ganar las primarias.

La normativa aclara que las votaciones para la investidura, la moción de censura y la cuestión de confianza serán, en todo caso, públicas por llamamiento, nunca secretas. En todo caso, la aprobación de una moción de censura requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros del Parlamento, es decir, al menos 55 diputados de los 109 de la Cámara.

En el caso de la cuestión de confianza, a la que es improbable que se someta Moreno, supondría poner su cargo a disposición de los diputados del Pleno. Esta acción supone que someta su programa o una declaración de política general a debate y posteriormente deberá ser votada transcurridas 24 horas desde su presentación. El Reglamento señala que la confianza se entenderá otorgada cuando obtenga el voto favorable de la mayoría simple de los diputados. Pero si el Parlamento negara su confianza, el presidente de la Junta deberá presentar su dimisión y en un plazo máximo de quince días convocará la sesión plenaria para la elección del nuevo presidente.