El fiscal mantiene la acusación para el ex alcalde de El Ejido y el ex interventor
Todas las acusaciones y las defensas elevaron a definitivas sus conclusiones y se concretaron las multas por el saqueo
:quality(65)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/larazon/H3GSF5IHZ5G63MQOAO26FPTREU.jpg)
La Fiscalía Anticorrupción elevó ayer a definitivas sus conclusiones manteniendo la acusación a los principales acusados del llamado «caso Poniente», en el que se investiga una presunta trama de saqueo al Ayuntamiento de El Ejido, en Almería, a través de la empresa ElSur, entre ellos el ex alcalde Juan Enciso y el ex interventor municipal José Alemán. El fiscal Jesús Juan Cruz del Pino inició una sesión en la que todas las acusaciones y las defensas elevaron a definitivas sus conclusiones, si bien él fue el único que pudo dar lectura a su informe final, recordando al fiscal Jesús Gázquez, que calificó los hechos y falleció durante el desarrollo de la vista oral, alabando el «gran trabajo» desarrollado por éste.
De acuerdo a lo recogido por Efe, llevó a cabo pocas modificaciones respecto a las ya efectuadas por Gázquez el 21 de febrero del año pasado, cuando cambió su petición de penas para 27 de los investigados, entre ellos los principales acusados, al entender prescritos los delitos fiscales relativos a los periodos impositivos del 2002 al 2005. De esta forma, reclamó para Enciso y Alemán 40 años de cárcel y multas de 23,2 millones de euros por 11 delitos, entre ellos uno de malversación de caudales públicos, ocho contra la Hacienda Pública, uno de cohecho pasivo y otro de prevaricación continuada.
La Fiscalía concretó también las multas que se solicitan por un delito de cohecho continuado para distintos empresarios, como José Amate, en su caso de 460.000 euros; Juan Antonio Galán, de 4,6 millones; los hermanos Lirola López, para los que demandan más de 6 millones; Ambrosio Cuevas, 2.050.000 euros; y Jesús Aragón, con una petición de 152.000 euros. En relación a ese delito, modificó la pena únicamente al acusado Juan Julián Venzal, para solicitar un año y seis meses, al aplicar la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas. Retiró la acusación respecto al acusado Rafael Barco, al no considerar acreditada su participación en los hechos enjuiciados.