Rocío Ruiz: «El impacto de las políticas sociales en el PIB andaluz supera al de la banca»

La irrupción de la Covid-19 ha puesto de manifiesto la importancia de contar con políticas robustas que garanticen la sostenibilidad económica y social de Andalucía. Las personas vulnerables, los andaluces dependientes y los mayores han tenido que afrontar la pandemia de la mano de los colectivos sociales y las administraciones públicas para poder hacer frente a situaciones de aislamiento, marginación y pobreza. Para dar respuesta a esta situación, la Junta de Andalucía ha asegurado que este año se ha dotado a la región con un presupuesto de más de 2.500 millones de euros –el mayor de los últimos 20 años– y se han implementado medidas de urgencia.

Con estas premisas, LA RAZÓN Andalucía ha organizado en la mañana de hoy el Foro de Igualdad «Las políticas sociales en tiempo de pandemia». El evento, que tuvo lugar en el Hotel NH Plaza de Armas de Sevilla, contó con la intervención de la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, Rocío Ruiz; el consejero de Hacienda, Juan Bravo; el delegado de LA RAZÓN en Andalucía, Pepe Lugo; y la jefa de sección de Andalucía, la periodista Marta Maldonado.

El acto comenzó con la intervención del consejero de Hacienda, que destacó «la sensibilidad especial» de la consejera de Igualdad y el trabajo de todo su equipo desde que comenzó la legislatura y, particularmente, durante la pandemia. Por otro lado, insistió en la necesidad de movilizar recursos para llevar a cabo todas las propuestas que llegan desde el equipo de Ruiz y aseguró que «con las políticas sociales también se crean empresas y se genera empleo». Por otro lado, explicó que los recursos que se emplean en materia social «multiplican los beneficios» y sostuvo que «los dos grandes retos son atender a las personas mayores y las pensiones», por lo que apostó por la creación de un PERTE –Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica– con expectativas a cubrir las necesidades sociales de los andaluces en los próximos 20 años.

Por su parte, Ruiz inició su intervención recordando los primeros meses de pandemia e hizo hincapié en «el presupuesto exprés de 1.600 millones de euros» que su consejería administró para «solucionar los problemas» derivados de la crisis de la Covid-19. Igualmente, afirmó que «las políticas sociales son una herramienta imprescindible para conseguir la transformación, la recuperación y la reconstrucción» de Andalucía en tiempos de pandemia y mencionó el impacto económico que generarán «los 24 millones de euros de las tarjetas monedero» en los supermercados y la inversión realizada en subvenciones. En ese marco, enumeró algunos de los retos que tuvieron que superar y las debilidades del sistema que han salido a la luz a raíz de la crisis del coronavirus como las dificultades en la sostenibilidad del sector «con congelaciones de más de diez años» o la desactualización normativa. No obstante, Ruiz también quiso ser positiva y explicó que el impacto de las políticas sociales en el Producto Interior Bruto de Andalucía (PIB) «supera a la de sectores como las energías renovables, las telecomunicaciones o la banca». De otra forma, advirtió del «talento que se pierde en la pobreza estructural heredada de padres a hijos» y resaltó los programas que se llevan a cabo desde la Junta de Andalucía para que los menores puedan tener «un empleo y un proyecto de vida» cuando cumplan la mayoría de edad.

En lo que se refiere a la gestión de la atención a la dependencia en la región, Ruiz aseguró que están trabajando en un nuevo modelo, centrado en las necesidades reales e individuales de las personas, que pone el foco en el impulso de la ayuda a domicilio, los centros de día y los centros intermedios. Para ello, Ruiz matizó que por primera vez se ha realizado «un mapa de recursos» en el que se muestran «los lugares concretos de Andalucía que necesitan más ayuda para que todo el sector sepa dónde hay que invertir y para aplicar políticas de prevención». Sin embargo, aunque lamentó el hándicap de las listas de espera en Andalucía, garantizó que hasta mayo de 2021 se han atendido a más de 235.000 personas. Finalmente, apostó por un «modelo de proximidad» en el que las personas dependientes puedan «pasar el mayor tiempo posible» en sus hogares.

Así las cosas, la responsable de Igualdad aseguró que durante estos dos años «se han recuperado demandas históricas», de las que destacó la creación de 1.565 plazas residenciales en centros de día y terapia ocupacional y una nueva red de centros de cuidados intermedios que permitirá atender a personas mayores o con discapacidad cuyas patologías corren riesgo cierto de convertirse en cronificables y acrecentar su dependencia.

Ruiz abogó por la «digitalización, el big data y la eliminación de la burocracia» en el ámbito de la atención a la dependencia y en las ayudas destinadas a las personas más vulnerables. En este sentido, apostó por avanzar hacia la administración del siglo XXI, reducir trámites y llegar lo antes posible a todas las personas que lo necesiten a través del uso de la tecnología, el envejecimiento activo o la teleasistencia avanzada; servicios que, según informó, ya están presentes en Andalucía. «Tenemos que ir de un modelo asistencialista a uno de inclusión», argumentó la consejera, para explicar que desde su Gobierno apuestan por el «ingreso de la infancia y la inclusión», una forma de atacar directamente a la pobreza infantil y trabajar «desde la educación para que los niños jamás abandonen el sistema educativo», añadió.

«Las personas deben acceder cuanto antes a un derecho que les pertenece, de ahí la necesidad de impulsar medidas como la Ventanilla Única Electrónica para la dependencia, aprobada la semana pasada en el Parlamento de Andalucía, y que permitirá reducir las listas de espera y los tiempos de tramitación de solicitudes, así como mejorar las condiciones laborales y profesionales de las personas que trabajan en este recurso», destacó Ruiz. Para conseguirlo, abogó por «evaluar la ley» y crear proyectos en el que el consenso político y los pactos nacionales sean una realidad.

Por otro lado, la consejera compartió con los asistentes que Andalucía es ya «la segunda comunidad mejor valorada en gestión por el Observatorio de la Dependencia, con la mejor nota de los últimos cinco años» y reprochó que estos resultados «serían aún mejores si se cumpliesen los acuerdos del Pacto de Estado por la dependencia» y se contara «con una financiación justa y equilibrada que blinde los sistemas de dependencia en igualdad de condiciones para todos».

Antes de acabar el acto, la periodista Marta Maldonado mantuvo un coloquio con la consejera en presencia de todos los asistentes en el que abordaron la agenda 2030, que Ruiz considera su «hoja de ruta», las recomendaciones de la ONU, las ayudas destinadas a los colectivos más perjudicados por la crisis sanitaria, la protección de la infancia, la violencia machista y, entre otras cosas, la importancia de conseguir pactos con los demás grupos políticos en Andalucía.

La consejera apostó por reducir los procedimientos administrativos para que los servicios sociales «se puedan centrar en las personas» y destacó que precisamente «la simplificación» de trámites ha permitido que la Renta Mínima de Inserción Social alcanzara en 2020 «su máximo nivel de ejecución presupuestaria», tras ampliar su dotación a 143 millones con los que atender nuevas solicitudes y paliar situaciones de urgencia y emergencia social.

Durante su intervención, la consejera señaló que hace dos años se encontraron «un déficit de recursos, con apenas centros de titularidad pública para atender a las personas mayores y con discapacidad y una administración anclada en el siglo XX».

En este punto del coloquio, las consejera volvió a defender un modelo que pasa «no por políticas asistencialistas» sino por la implantación de leyes consensuadas y que «no estén ideologizadas».

Por último, Ruiz quiso poner el foco de atención sobre la importancia del diálogo con el sector y todos los agentes implicados. «Hay que ir de la mano de ellos, escuchar a los beneficiarios, a los trabajadores y a los prestadores del servicio. Esa es la manera de llevar a cabo unas buenas políticas sociales que, por fin, están en la primera línea de la gestión», sentenció.