El hotel de El Algarrobico enfila de nuevo la senda del Tribunal Supremo

Se alza a 14 metros de distancia del mar, está compuesto por 21 plantas y 411 habitaciones, protagoniza una marea de sentencias judiciales, algunas contradictorias entre sí, y se ha convertido en símbolo del urbanismo salvaje. Pero el encendido de las excavadoras para tirar abajo el hotel de El Algarrobico en Carboneras (Almería) tendrá que esperar. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado la petición de Greenpeace para iniciar un expediente de demolición del establecimiento impulsado por Azata del Sol, al menos hasta que se anule la licencia de obras que el ayuntamiento le concedió en 2003. Ello, pese a concluir que hay «indicios suficientes» de que ese permiso municipal supone una «infracción grave o muy grave» a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), por lo que el Alto Tribunal autonómico sí ha impuesto, vía sentencia, la obligación de tramitar su revisión de oficio al consistorio.

El TSJA ha emitido varias resoluciones judiciales opuestas entre sí en torno a la polémica edificación. «En 2012 dijo que El Algarrobico no era urbanizable, en 2014 que sí lo era; ese mismo año sentenciaron que la licencia no se podía revisar de oficio y ahora que sí», resume a LA RAZÓN José Ignacio Domínguez, representante procesal de Greenpeace. Toca «volver a pelear». Por eso desde la organización «verde» han presentado un escrito ante el propio Alto Tribunal regional para pedir que se investigue si el alcalde de Carboneras, el socialista José Luis Amérigo, ha podido «cometer un posible delito de desobediencia» al no haber publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Almería la modificación de las normas urbanísticas que acordó el TSJA en julio de 2018. María José Caballero, portavoz de Greenpeace, explica que el ayuntamiento debió alterar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Carboneras en lo referente «al sector ST1» –el área donde está ubicado el esqueleto de hormigón hotelero–, para «declararlo como no urbanizable y establecer la línea de demarcación de costas en 100 metros». Caballero lamenta que hayan estado tres años «ignorando a la Justicia». «Bueno –hilvana– dicen que sí han hecho, pero no hay nada en el Boletín Oficial de la Provincia, con lo cual es que no. Unos por otros, y el hotel sigue en pie, nadie actúa», afea, de ahí que le hayan pedido al TSJA «que investigue». «Sabemos que hay un acuerdo firmado entre la Junta de Andalucía y el Gobierno de España y que la Justicia ha dicho que no hay que indemnizar a la promotora –en concreto la Audiencia Nacional paró la pretensión de Azata de cobrar más de 70 millones de euros–, pero aún así, nadie dice hay que hacer algo ya», lanza. En ese punto, Caballero recuerda que el Ejecutivo regional anunció que «se había consignado una partida presupuestaria para la demolición, pero todavía no tiene los terrenos y tampoco ha hecho nada», asevera. De hecho, la consejera andaluza con competencias en la materia, Carmen Crespo, ha reiterado que la Junta trabaja «en todas las vías posibles a través de los letrados» de la Administración andaluza y «con los recursos económicos de los Presupuestos» para poder llevar a cabo el derrumbe del edificio sin completar, de acuerdo a lo recogido por Efe.

En cualquier caso, la portavoz de Greenpeace recuerda que el Tribunal Supremo (TS) reflejó en una sentencia en 2016 que las obras se realizaron en un «suelo no urbanizable de especial protección del parque natural de Cabo de Gata-Níjar». La entidad ecologista confía en que, tras su escrito, «el TSJA diga que ya está bien». Si no sucede, se verán abocados a «volver al Supremo». Incluso estudian «emprender acciones por lo penal contra los responsables de que no se esté haciendo nada». Lo que tienen claro es que van a «seguir hasta al final para defender un parque que debería ser el orgullo de todos».

Preguntado a Domínguez por el recurso al Supremo, que presentarán previsiblemente el próximo septiembre, al ser agosto inhábil en los juzgados, adelanta a este periódico que argumentarán a favor de que se pueda derribar el hotel, dado que «hay que partir de la base de que no existe ya licencia de obras desde que se anuló el PGOU». «Éste –encadena– arrastra todo lo que se aprobó en base a él, en lo que se denomina efecto cascada», por lo que no habría que deshacer «acto por acto». A esa premisa sumarán otras y pedirán, entre otras cuestiones, que «si lo que se necesita es que se anule la licencia, en aras del principio de economía procesal, que se suspenda la decisión hasta que se haga». En definitiva, habrá que añadir otro «año y medio más» de espera a los casi ya dieciséis que hace que se inició el primer pleito con el Algarrobico como protagonista.

Del lado del Ayuntamiento de Carboneras han manifestado, a través de un comunicado, su «disposición plena» a colaborar con la Justicia tras conocerse que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía había desestimado el que se convirtieran en polvo las instalaciones enraizadas en primera línea de playa, mientras no se invalide el permiso de obras. El Gobierno local recibió la notificación de la sentencia del TSJA el pasado 23 de julio, tras lo que sus servicios jurídicos «van a proceder al análisis y estudio de la misma», a la luz de lo expuesto en la mencionada nota. No precisa si van a revisar la licencia ni si recurrirán en casación al TS.

El abogado de Greenpeace considera que, «si van a colaborar» con la Justicia «como vienen haciéndolo hasta ahora, apaga y vámonos», ironiza. Domínguez martillea: «Si a una norma de carácter general no se le da publicidad, no tiene eficacia –en alusión a la modificación del PGOU–, y tienen todavía el Algarrobico catalogado como urbanizable con una servidumbre de protección de 50 metros», dispara.

Por último, el presidente de la empresa promotora del hotel, José Rodríguez, ha defendido que la más reciente sentencia del Alto Tribunal andaluz «viene a confirmar» que «la actuación de Azata se ajustó a derecho». Continuará.