Los espacios judiciales de Andalucía tienen delito

Plagas de ratas y cucarachas en Marbella, capital del lujo y el glamour en la Costa del Sol. Una fosa séptica debajo de una sede en Estepona que en verano se expone a bandadas de mosquitos. Un techo que se viene abajo en Granada. Un suelo que se hunde en Marchena... Y dos clásicos: el hacinamiento de funcionarios y ciudadanos en salas pequeñas y vetustas y la dispersión de sedes, con el consecuente «desconcierto de la ciudadanía» cuando no sabe bien a dónde ir. El año judicial 2021-2022 se abre el próximo lunes y ese es el panorama que dibuja CSIF Andalucía sólo respecto al capítulo material, uno más de los varios infiernos de la multiproblemática esfera de la Justicia.

El sindicato ha detectado hasta una veintena de puntos negros y lo tiene claro: muchas infraestructuras son «deplorables» y la Administración peca de «falta de iniciativa». El mensaje se dirige al director general de Infraestructuras Judiciales y Modernización Digital, Miguel Ángel Reyes. CSIF le pide «que sea diligente y dignifique estos espacios», en palabras del presidente de su Sector de Administración de Justicia, Manuel Moreno. El último episodio fue el derrumbe del techo de un juzgado de Primera Instancia en Granada, el 25 de agosto, pero la lista de «deficiencias y carencias» es extensa.

La provincia en peor estado es Málaga. En la capital, «la Ciudad de la Justicia no puede albergar más juzgados». En Fuengirola hay tres sedes y «todas están lamentables»: una, en la calle Párroco, está sobre una fosa séptica que genera olores insoportables y plagas de mosquitos en verano, y en otra, en la calle Inca, hay problemas con los bajantes del bloque y filtraciones de aguas fecales. En Marbella, un edificio de la Junta en la avenida del Mayorazgo tiene una estructura extraña «en forma de chimenea, con escaleras de caracol y una sola puerta, pero sin salida contraincendios o antipánico», y otra sede en la calle Arias Velasco, que ocupa un bajo y dos plantas sótano, sufre un «problema constante con plagas de ratas y cucarachas». «Se ponen trampas que no dan abasto y, una vez mueren las ratas, es imposible llegar allí para retirarlas». En Estepona, el bloque de vecinos donde está el juzgado de violencia de género «ni siquiera cuenta con una sala de atención a las víctimas y los archivos están en el garaje», desgrana Moreno. En otra de las tres sedes esteponeras «hay filtraciones cada vez que llueve».

En Cádiz, el Edificio San José, propiedad de la Junta, aglutina juzgados de Instrucción, el de guardia, Primera Instancia y el Servicio de Notificaciones, pero con «deficiencias históricas». En los bajos y el sótano había un mercado de abastos, lo que complicaba el acuerdo para acometer reformas estructurales que solucionasen los problemas derivados de los baldeos de las pescaderías. Los archivos, de hecho, acabaron de mudanza en otros edificios. La Administración, «siempre reticente a buscar otra ubicación debido al gasto que comportaría», no puede atender el consejo de los arquitectos, «ejecutar actuaciones urgentes o trasladar los juzgados a otra sede», porque «se necesitan 11.000 metros cuadrados», alerta Moreno.

En el Juzgado de Violencia contra la Mujer número 1 de Algeciras hay «hacinamiento»: trece funcionarios atienden a los ciudadanos en unas condiciones «insoportables». En La Línea, Infraestructuras «no tiene plan B y está actuando de forma lenta» tras una sentencia que resolvió el conflicto entre los vecinos y el propietario del espacio que ocupan los juzgados.

En Sevilla, Marchena presenta «una de las peores sedes, si no la peor, de toda Andalucía». «Los problemas de espacio y barreras arquitectónicas son antiguos y recientemente se hundió parte del suelo», recuerda Moreno. Para colmo, en la reparación fueron hallados unos restos y eso «ha paralizado las obras, lo que casi hace imposible que el ciudadano sea atendido de manera decente». En otra gran sede, la de Lebrija, esperan desde hace un año a que la Junta encuentre una sede para el Servicio Común, que que «estaba llamado a solucionar los retrasos en este partido judicial» pero cuyo funcionamiento «está paralizado de forma inexplicable».

En Córdoba, el lunar más grande es la sede de Aguilar de la Frontera, ubicada en un palacete antiguo con «constantes interrupciones de suministro de electricidad por la poca potencia que tienen el edificio y la acometida de la calle».

El mayor inconveniente en Jaén capital es la dispersión, con doce sedes en total; en Úbeda, las dos que hay están separadas por dos kilómetros. En Huelva, Ayamonte «necesita una sede decente con urgencia» porque cuatro de sus cinco juzgados están en un edificio que «ya no da más de sí». Y en Almería, Huércal-Overa “exige desde hace años un nuevo edificio y una nueva ubicación”, según Moreno. Y este es sólo un rápido y breve resumen...