Anticorrupción pide entre siete y cuatro años y medio de cárcel para los nueve acusados por el ERE de Río Grande

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado penas de cárcel para los nueve acusados que irán a juicio por el expediente de regulación de empleo (ERE) promovido por la empresa Río Grande, gestora del conocido restaurante de la calle Betis de Sevilla, con cargo a fondos públicos librados por la Junta de Andalucía.

En un escrito fechado el pasado 13 de mayo, el fiscal solicita al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla la apertura de juicio oral contra nueve procesados, entre ellos el exsindicalista de UGT Juan Lanzas, los exmiembros de la consultora Vitalia Antonio Albarracín, Francisco González y Jesús Bordallo o una mujer que figuraba en el ERE a pesar de que no trabajaba en el restaurante.

Para Lanzas, los responsables de Vitalia y la dueña del establecimiento, Anticorrupción reclama siete años de cárcel. Para la pareja, seis años de prisión. El resto de penas oscilan entre esa misma y los cuatro años y medio para la presunta «intrusa». Los delitos que se investigan son de prevaricación y malversación de caudales públicos.

Además, el Ministerio Público solicita que todos los acusados, excepto la «intrusa», y las entidades asociadas a ellos restituyan a la Junta 1.531.299,51 euros más intereses.

En su auto de procesamiento, el juez José Ignacio Vilaplana analizó la presunta ilicitud de las ayudas que la Consejería de Empleo concedió a Río Grande «sin sujeción al procedimiento legalmente establecido». Según el magistrado, se otorgó «de manera ilícita y fraudulenta» para abonar las indemnizaciones por despido de los trabajadores afectados por el ERE de 2005 «mediante la financiación de un seguro de rentas vitalicio». Todo ello, prosigue el juez, a pesar de que la empresa «obtuvo unos beneficios de 1.250.594 euros en 2004 y de 21.480 euros en 2005».

Para el magistrado, la administradora única de la mercantil se valió de la «intervención» de Lanzas como miembro de UGT, «asesor» del despacho de abogados Villasís e intermediario de Vitalia, quien «fomentó activamente la concesión y pago, a sabiendas de su ilicitud, de las ayudas, realizando gestiones» con el entonces director general de Trabajo, el ya fallecido Francisco Javier Guerrero.

En el caso de Vitalia, los investigados son su exdirectivo Antonio Albarracín; el excomercial Francisco González y el que fuera responsable de la empresa en Sevilla Jesús Bordallo, encargándose esta consultora de la “gestión y tramitación de las pólizas” del ERE, incluyendo en las mismas a la investigada Carmen Fontela pese a que la misma nunca había trabajado para Río Grande.