Tribunales

Un sobrino de Felipe González y la antigua Invercaria, a juicio

Empieza la vista por las presuntas ilegalidades en la contratación y los salarios de directivos. Anticorrupción pide entre seis y tres años y medio de cárcel para los acusados

Los acusados del último juicio del caso Invercaria, por las ayudas a la diseñadora Juana Martín. Tres de ellos repiten en la pieza de personal
Los acusados del último juicio del caso Invercaria, por las ayudas a la diseñadora Juana Martín. Tres de ellos repiten en la pieza de personalJosé Manuel VidalEFE

La etapa socialista de la Junta de Andalucía regresa a los juzgados con el tercer juicio de la macrocausa Invercaria, la sociedad pública de capital riesgo que amparó proyectos de muy diversa tipología. Unos cuarenta proyectos figuran bajo el microscopio judicial y de momento sólo ha habido dos sentencias, ninguna firme: una declaró culpables a los principales responsables del ente vinculado a la Administración por dar 100.000 euros a Aceitunas Tatis y otra, la de los préstamos a la diseñadora Juana Martín, absolvió a los cuatro acusados. Tres de ellos repiten en la pieza que ahora llega a la sala de vistas, quizás la principal: la de personal.

A partir de este lunes, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla diseccionará la política de contrataciones y juzgará al entonces presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo, el ex director financiero Antonio Nieto y los otrora directores de Promoción Cristóbal Cantos y Juan María González. Este último es sobrino de Felipe González. La Fiscalía Anticorrupción reclama seis años de cárcel para Pérez-Sauquillo por malversación y nueve de inhabilitación por prevaricación. Para Nieto, seis años de prisión, y para Cantos y González, tres años y medio, en sus casos por malversación.

Más de dos años después de su procesamiento –la Justicia no esprinta sino que es lenta, ya se sabe–, todos se sentarán ante un tribunal porque, según el juez que los investigó y la Fiscalía, hay «indicios racionales» de que realizaron «disposiciones de fondos públicos» de Invercaria y efectuaron «actos indebidos ilícitos y antijurídicos en detrimento del patrimonio público» para «obtener un lucro ilícito e indebido».

Pérez-Sauquillo, condenado a tres años y medio de cárcel por la forma en que ayudó a Aceitunas Tatis, «decidía» en Invercaria «qué personas eran contratadas (...), así como sus sueldos», pero «sin adaptarse a ningún procedimiento legalmente establecido y por su propia voluntad». Según el juez instructor, de 2007 a 2009 se subió sus propias retribuciones «con el único propósito de enriquecerse a costa de los fondos» del ente que dirigía.

Lo mismo ocurrió con Nieto, que el 17 de abril de 2006 suscribió un contrato indefinido para ser director financiero y concertó con Pérez-Sauquillo un salario «muy superior» al que le correspondía, pero «sin causa legal justificada».

También salió supuestamente beneficiado Cantos, director de Promoción en Sevilla, que en julio de 2007 recibió de Invercaria un préstamo personal de 30.000 euros a devolver sin intereses en 60 mensualidades mediante descuentos en su nómina. Cuando su contrato se extinguió, debía 17.962,53 euros, pero Pérez-Sauquillo y Nieto se lo perdonaron, según la acusación pública.

En el caso de González, director de Promoción desde julio de 2005, contrajo una deuda de 17.468,75 euros con Invercaria porque pidió a la sociedad que se subrogase en el préstamo que la agencia Idea le había hecho durante el tiempo que trabajó allí. La deuda acabó siendo de 27.406,25 euros. Pérez-Sauquillo y Nieto lo eximieron de pagar, insiste Anticorrupción.

El sobrino del expresidente del Gobierno ascendió a consejero delegado el 31 de mayo de 2010 y al día siguiente «concertó» con Invercaria un préstamo personal de 30.000 euros a devolver en 60 meses mediante detracciones en sus nóminas. Cuando cesó en el cargo, debía 29.000 euros que no reintegró, de nuevo «con el consentimiento» del director financiero, según la acusación. La diferencia respecto a los anteriores hechos es que González sí repuso esa cantidad en 2012.

En cualquier caso, sentencia la Fiscalía, todos los acusados eran «conscientes y sabedores de la manifiesta irregularidad» de las distintas condonaciones.