Cara y cruz para los acusados en el tercer juicio de la macrocausa Invercaria

El tercer juicio de la macrocausa Invercaria, la sociedad de capital riesgo dependiente de la Junta de Andalucía que prestó ayuda a proyectos de todo tipo, comenzó este lunes en la Audiencia Provincial de Sevilla con los primeros intentos de las defensas de desvirtuar el procedimiento, incluso anularlo y retrotraerlo a la fase final de la investigación, y las primeras decisiones del tribunal de la Sección Cuarta. Tras tres horas de sesión, el presidente de la Sala rechazó expulsar de la causa a la agencia Idea (surtidora de fondos de Invercaria); desestimó anular el auto de apertura de juicio oral y, por tanto, suspender el juicio; aceptó que no se reclame a los cuatro acusados que indemnicen a la sociedad supuestamente perjudicada por sus salarios y otros emolumentos que la Fiscalía Anticorrupción tilda de ilegales; y aclaró a uno de los procesados, sobrino de Felipe González, que no sufre ninguna indefensión.

Lo que se va a enjuiciar de aquí a principios de octubre es la pieza separada de personal. Es decir, los salarios y préstamos que gestaron y condonaron o de los que se beneficiaron cuatro antiguos directivos: el entonces presidente Tomás Pérez-Sauquillo, que por problemas de salud sólo acudirá a la sala el día que le toque declarar y cuando ejerza su derecho a la última palabra; el antiguo director de Promoción Cristóbal Cantos; el ex director financiero Antonio Nieto; y el ex consejero delegado, y antes responsable de Promoción, Juan Manuel González, a su vez sobrino de Felipe González. La Fiscalía Anticorrupción reclama seis años de cárcel para Pérez-Sauquillo por malversación y nueve de inhabilitación por prevaricación; y sólo por malversación, seis años de prisión para Nieto y tres y medio para Cantos y González. Los tres encausados que asistieron al día inaugural del juicio se declararon inocentes.

La mejor noticia para todos los acusados es que los jueces, en consonancia con la petición de Anticorrupción, aceptaron retirar la petición de que indemnicen a Invercaria si son condenados. La sociedad pública no reclama nada, sino que se reserva «acciones civiles» que ejercerá en función de cómo acabe este juicio. El Ministerio Público reclamaba 232.446,32 euros a Nieto, 90.224,16 a Pérez-Sauquillo, 29.928,25 a González y 12.960 a Cantos.

El otro foco de interés fue la presunta vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de González. Su abogado la alegó basándose en que «aparentemente» se lo acusa por dos hechos, la no devolución de un préstamo en 2007 y la devolución tardía y sin intereses de otro crédito en 2010, a pesar de lo cual sólo se le atribuye un delito de malversación. Tras deliberar sobre el asunto, el tribunal replicó que, a pesar de «entender esa inquietud», la indefensión «está conectada con los hechos, no con la calificación» del delito. Y los hechos, añadió el presidente, aparecen tanto en el auto de procesamiento como en los escritos de acusación. «El señor González conoce los hechos por los que se lo acusa», sentenció el magistrado Carlos Lledó.