Montero defiende que el Gobierno “debe garantizar” que mujeres como Juana Rivas “no son perseguidas”

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha criticado este viernes el proceso judicial seguido contra Juana Rivas, la madre de Maracena (Granada) que fue condenada por un delito de sustracción de menores a dos años y seis meses de prisión, después de que permaneciera 15 días en paradero desconocido en 2017, junto a sus dos hijos para no entregarlos a su padre. Montero ha defendido que desde el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos deben “garantizar que las mujeres no son criminalizadas y perseguidas cuando están protegiendo a sus hijos e hijas frente a la violencia machista, como es el caso de Juana Rivas o el de Irune Costumero”. Así se ha pronunciado en momentos antes de reunirse con la consejera andaluza de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, en Sevilla para conocer las iniciativas que ambos departamentos están poniendo en marcha para combatir la violencia de género. El Tribunal Supremo se opuso hace una semana a la concesión de un indulto total a Juana Rivas, y tampoco aprobó el indulto parcial, una medida de gracia con ocho magistrados a favor y ocho en contra. El tribunal decidió enviar un informe al Gobierno, que es quien debe decidir en última instancia.

La ministra ha destacado que “somos capaces de proteger a los niños y a las niñas y darles la mejor de las atenciones especializadas y también a las madres”. En esa línea, ha recordado la prohibición del régimen de visitas “ante cualquier indicio de maltrato” que introdujo la modificación del artículo 94 del código civil, porque “ningún maltratador puede ser un buen padre”. “Estamos dando pasos decisivos” para la protección de los menores y las mujeres víctimas de violencia machista, destacando que también “hemos prohibido la utilización del síndrome de alineación parental en todo nuestro sistema judicial”. “Hacer políticas funciona, pero no vamos a descansar y nunca vamos a decir que es suficiente hasta que acabemos con todas las agresiones sexuales y formas de violencia machista”, ha concluido.

La Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, recoge que “no procederá en ningún caso el establecimiento de un régimen de visitas respecto del progenitor en situación de prisión, provisional o por sentencia firme, acordada en procedimiento penal por los delitos previstos en el párrafo anterior”.