Educación

Andalucía alerta de que el reparto de fondos a Infantil “pone en peligro” 15.000 empleos

La Junta defiende que el destino de los fondos debería ser la gratuidad para las familias andaluzas “y no la creación de más plazas”

El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda. María José López / Europa Press
El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda. María José López / Europa PressMaría José LópezEuropa Press

La Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía ha lamentado este domingo que la ministra de Educación y FP, Pilar Alegría, haya hecho “oídos sordos” a las “reiteradas solicitudes” de adaptación del destino de los fondos de recuperación a la “realidad del modelo andaluz de escuelas infantiles, aceptado por todas las fuerzas políticas que en su día lo diseñaron, y por las empresas del sector”, y haya decidido “imponer unilateralmente” a Andalucía una aplicación que “pone en peligro más de 15.000 puestos de trabajo”, casi todo empleo femenino, y la “viabilidad” de más de 2.000 pequeñas y medianas empresas, “a todas luces un grave despropósito”.

En una nota de prensa, la consejería ha contestado así a las declaraciones de la ministra de este pasado sábado en un acto del PSOE en La Rinconada, en las que aseguraba que Andalucía ha sido “la única comunidad autónoma” que “ha rechazado” 123 millones de euros para crear 12.000 plazas de 0 a 3 años.

En el comunicado, la Junta ha explicado que ha advertido al ministerio en “todas las Comisiones de Educación” en las que se ha abordado el destino de fondos dirigidos al primer ciclo de Infantil, y, finalmente por carta, que, disponiendo de más de un 20% de plazas vacantes en las escuelas infantiles andaluzas, los 123 millones que le corresponden a la comunidad supondrían una “oportunidad única para dar un paso definitivo hacia la gratuidad del 0-3, es decir, que el destino de los fondos debería ser la gratuidad para las familias andaluzas y no la creación de más plazas”.

“La Consejería de Educación y Deporte, en ningún momento, ha renunciado a los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) para el primer ciclo de Educación Infantil, sino que, como ha puesto de manifiesto, no puede participar de una aplicación que no tiene en cuenta la realidad andaluza y que significa a todas luces destrucción de empleo, de empresas y, a la postre, del propio modelo”, ha subrayado la Junta.

En esta línea, la propuesta del Gobierno central “no garantiza los recursos suficientes para dar estabilidad futura a este servicio educativo, dado que solo asegura financiación para la construcción de centros y para el primer curso, por lo que en 2024 podría darse la circunstancia de que no haya financiación para las plazas y ya no existiese una red de centros con las que conveniar”, ha remarcado la consejería.

Por ello, la Junta ha manifestado que lo que ha venido reclamando a los distintos ministerios “desde hace meses” es que que permita a las comunidades “participar en el diseño y ejecución de las medidas a financiar por el fondo”. “La Consejería de Educación y Deporte lamenta que, una vez más, el Gobierno central no tenga en cuenta a Andalucía y dilapide la oportunidad de que miles de familias andaluzas puedan acceder de forma gratuita a la educación de 0 a 3 años, a la que el Gobierno andaluz ya destina más de 300 millones de euros”, ha abundado.

Ante esta situación, el departamento que dirige Javier Imbroda ha recordado que, en la negociación de los Presupuestos de Andalucía para 2022, “el PSOE de Andalucía también se negó a pactar un avance en la gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años basada en el modelo andaluz, siguiendo la línea del Gobierno central, cuando el actual modelo andaluz de escuelas infantiles se puso en marcha con un gobierno socialista en la Junta”.

Por último, el Gobierno andaluz ha instado a las fuerzas políticas a “defender un modelo que se viene aplicando con éxito desde hace muchos años en la comunidad” porque “dejar fuera a Andalucía del reparto de recursos para la financiación de la educación Infantil bajo la excusa de imposición de unos criterios unilateralmente definidos por el Ministerio supondría un agravio intolerable”, ha sentenciado.