La Fiscalía archiva las denuncias contras dos residencias de Jaén por la muerte de ancianos en pandemia

La Fiscalía de Jaén ha archivado las dos denuncias interpuestas por la Plataforma de afectados por Covid Residencias de Andalucía-Jaén como consecuencia de las muertes registradas durante la pandemia en dos residencias de la provincia de Jaén, una en Jaén capital y otra en Andújar (Jaén).

El objetivo de la plataforma con estas dos denuncias colectivas presentadas en Fiscalía era demostrar que las muertes de ancianos residentes durante la segunda oleada del covid en la provincia de Jaén “no lo fueron única y exclusivamente por la acción de este patógeno sino también por las graves deficiencias en la prevención de los contagios y en la organización de los cuidados de las residencias más afectadas”.

El pasado mes de febrero, la Fiscalía de Jaén abrió diligencias por el primer escrito de denuncia colectiva en Andalucía por las muertes registradas en las residencias de mayores de la provincia, en concreto por los 14 fallecimientos que se produjeron en la Residencia Orpea de Andújar (Jaén) durante la segunda oleada de la pandemia por coronavirus.

Un mes después, la plataforma presentó una segunda denuncia colectiva de familiares, esta vez por la muerte de 37 ancianos en la residencia Caridad y Consolación. Fiscalía admitió las dos denuncias a trámite e inició la correspondiente investigación.

Finalmente y tras pedir informes al Instituto de Medicina Legal (IML), el Ministerio Público ha archivado las denuncias, tal y como ha confirmado la propia plataforma a Europa Press.

No obstante, a petición de la plataforma, la Fiscalía Superior de Andalucía acaba de abrir nuevas diligencias de investigación para aclarar las muertes de ancianos que estaban bajo el amparo de plazas concertadas públicas en residencias. De esta forma, la plataforma sigue optando a la hora de plantear sus opciones por la jurisdicción penal frente a otras opciones jurisdiccionales como la vía contenciosa o la vía civil.

En el caso de las denuncias interpuestas en Jaén, la Fiscalía no ha advertido responsabilidad penal, aunque, según la plataforma “el propio escrito del Fiscal destaca que la falta de relevancia penal no significa que no hubiera errores individuales y/o colectivos que pueden investigarse en otra jurisdicción legal”.

El informe sanitario emitido por el Instituto de Medicina Legal al observar una actuación adecuada de las residencias sustenta la argumentación de la Fiscalía estableciendo “la obligatoriedad de individualizar con taxatividad la causa-efecto, enlazando cada muerte con una causa o decisión u omisión concreta meridianamente clara, eimputables a una sola responsabilidad individual, estrictamente personal”.

“No podemos decir que el archivo de las investigaciones penales de la Fiscalía Provincial de Jaén sea una buena noticia paranuestras pretensiones, pero tampoco nos sorprende pues no era nada fácil obtener una imputación penal a altos responsables de la gestión de las residencias”, ha indicado Alberto Puig, biólogo experto en salud ambiental y portavoz de la plataforma.

Ha añadido que los asesores jurídicos y médicos de la plataforma, invitan hacia el recorrido legal por otras vías jurisdiccionales como la contenciosa y la civil, y a las que no se descarta acudir, “pero sin desestimar definitivamente la vía penal”.

Además, ha incidido en que a día de hoy sigue en marcha la denuncia interpuesta contra por el elevado número de muertes en una residencia de Morón de la Frontera (Sevilla) y la presentada ante la Fiscalía Superior de Andalucía.

Verónica Murillo y Carmen Pérez, miembros de la plataforma, han hecho hincapié en que no van a permitir que “se dé un mensaje equívoco a la sociedad en la línea de que la pandemia covid era casi un mal bíblico, poco menos que inevitable hasta incluso en las residencias de mayores” porque “ese equívoco mensaje puede servir para pretender disculpar o ocultar los errores de gestión privados y de supervisión públicos; errores reales, que hicieron que nuestros familiares murieran no solo de covid”.

Puig ha apuntado que ya ha pasado un año y todo sería distinto “si aquellos con alta responsabilidad ya nos hubiesen dado explicaciones o pedido disculpas por los más de 2.000 ancianos muertos en residencias en Andalucía”. Por todo ello, ha concluido que la plataforma seguirá “peleando por la memoria de nuestros mayores”.