Procesan a 35 personas por el pago de 66 millones en sobrecomisiones de los ERE

El auto tiene 233 folios, acorde con la envergadura de la pieza de los ERE después del juicio –pendiente aún de recurso en el Supremo– del llamado «procedimiento específico» por el que fueron condenados, entre otros, los ex presidentes andaluces Chaves y Griñán. Ahora, el juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción 6, José Ignacio Vilaplana, dictó un acto mediante el que quedan procesados 35 de los investigados, entre ellos el ex consejero de Empleo Antonio Fernández y los ex directores generales Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, además del supuesto conseguidor de los ERE, el ex sindicalista Juan Lanzas. Se investigan las supuestas sobrecomisiones en las pólizas de los ERE, que ascenderían a 66 millones de euros, según los peritos, por las que también están encartadas las entidades Permar 21 y Cureña. Por otro lado, a través de otro auto, se acuerda la expedición de una orden europea e internacional de detención del fugado ex directivo de la mediadora Vitalia Eduardo Pascual.

Según informaron desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Vilaplana continúa como procedimiento abreviado las diligencias previas seguidas contra 35 personas en la pieza separada del caso de los expedientes de regulación de empleo. En un auto notificado ayer, el magistrado argumenta la decisión «por si los hechos denunciados pudieran ser constitutivos» de los presuntos delitos de blanqueo de capitales, falsedad documental, prevaricación administrativa, cohecho, malversación de caudales públicos y asociación ilícita, dando traslado de la causa a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones personadas.

Entre las 35 personas investigadas, el ex consejero de Empleo Antonio Fernández y el ex director generales de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez ya fueron enjuiciados en la pieza del procedimiento específico. El magistrado explica que «no se daría un doble enjuiciamiento (non bis in idem) en relación a unos mismos hechos delictivos en dos causas distintas, pues no habrían sido objeto del denominado procedimiento específico las posibles sobrecomisiones que las distintas mediadoras solicitaron y obtuvieron en las distintas pólizas de renta colectiva para el abono de las cantidades concedidas en los distintos ERE, y cuyo pago efectuó la Junta extramuros de cualquier legalidad». «Las posibles sobrecomisiones investigadas no serían consecuencia necesaria de la ideación y ejecución del llamado procedimiento específico». En el caso del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, el juez declara extinguida la responsabilidad penal tras su fallecimiento.

Los sindicatos CC OO y UGT se declaran en el auto entre los responsables civiles subsidiarios. El instructor acuerda el sobreseimiento provisional de la causa respecto de ocho investigados -aunque contra uno continúa las actuaciones en calidad de partícipe a título lucrativo-, entre ellos el ex delegado de Empleo de la Junta en Sevilla Antonio Rivas.