Segundo fallo de los ERE: «La ilegalidad tuvo que ser conocida y consentida»

La Audiencia de Sevilla considera «evidente» el fraude y condena a otros siete años al ex consejero de Empleo andaluz Antonio Fernández

El ex consejero de Empleo Antonio Fernández
El ex consejero de Empleo Antonio Fernández

Los ex presidentes andaluces Chaves y Griñán esperan aún la resolución de su recurso en el Supremo tras la primera pieza de los ERE pero la causa sigue su curso. El segundo juicio, por las ayudas fraudulentas a la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco), ya tiene sentencia : la Audiencia de Sevilla impone siete y cuatro años de cárcel al ex consejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández y al ex director general Juan Márquez y absuelve a otros tres ex altos cargos. Los delitos: prevaricación, malversación y falsedad en documento oficial. La Sección Tercera condena además a penas de entre dos y cinco años de prisión a otros cinco acusados ajenos a la Junta en un fallo argumentado a través de 329 folios. En todos los casos, se aplica la atenuante de dilaciones indebidas.

El tribunal considera que «la ilegalidad era tan evidente que tuvo que ser conocida y consentida» por Antonio Fernández, ya que la ayuda «se concedió de forma verbal, omitiéndose la obligación de registrar la subvención en la base de datos establecida, además de haberse ignorado totalmente el procedimiento para la concesión de la ayuda a Acyco, como señalan de forma clara» los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado. El propio Antonio Fernández «tuvo conocimiento» de dicha concesión, «según su propia declaración», a través de directivos de un bufete de abogados y del director general de Trabajo «en los gabinetes directivos semanales a los que concurrían», según prosigue la Audiencia, que añade que esta decisión «determinó que la Junta asumiera el pago de las primas de tres pólizas de seguros».

Los jueces consideran que se produjo «una disposición de fondos públicos sin justificación muy superior a la que parece referirse el Protocolo de Colaboración y Convenio con el IFA de 10 de febrero de 2004, que favoreció a distintos particulares, entre ellos, a algunos de los acusados, en especial a Acyco, en cuanto le eximieron del pago de la indemnización que le correspondía satisfacer a los trabajadores despedidos». Además, favoreció a estos últimos, «al recibir una contraprestación muy superior a la que procedía según ley; a Vitalia, cuya intervención no era necesaria ni fue objeto de previo concurso y que percibió una comisión desmesurada en comparación con la normal en el sector del seguro, así como para las personas que intervinieron a su cuenta y dos personas ajenas a Acyco, favorecidas por su relación personal» con el director general de Trabajo que decidió la ayuda y para la presidenta del Consejo de Administración y el despacho de abogados interviniente.

En la sentencia notificada hoy a las partes, contra la que cabe recurso de casación ante el Supremo, la Audiencia absuelve al exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá; el ex director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera; y el ex director general de IFA-IDEA Miguel Ángel Serrano. La imputación de un cuarto alto cargo imputado, Francisco Javier Guerrero, el ex director general de Trabajo al que el anterior Gobierno socialista trató de achacar prácticamente todo el caso, queda extinguida tras su fallecimiento. También se absuelve a uno de los denominados «intrusos», esto es, un supuesto beneficiario de las ayudas sin relación con la empresa en cuestión. En el caso del ex viceconsejero de Empleo hasta abril de 2004, el tribunal entiende que no tuvo «ninguna vinculación». De Serrano, no queda acreditado que «se confabulara» con Guerrero para desviar fondos.

Como cooperadores necesarios, el tribunal condena a cinco años de cárcel y siete años de inhabilitación a la presidenta del Consejo de Administración de Acyco y a un abogado de un bufete por un delito continuado de prevaricación y un delito de falsedad en documento oficial en concurso medial con un delito continuado de malversación, mismos delitos por los que condena a tres años, seis meses y un día de prisión y a cinco años de inhabilitación absoluta al director de Recursos Humanos y abogado de Acyco. También se condena a un directivo de la mediadora Vitalia a cuatro años de cárcel y seis años de inhabilitación absoluta «como cooperador necesario de un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación», mientras que un segundo representante de dicha mediadora es condenado a dos años de prisión y cinco años de inhabilitación absoluta como cooperador necesario de un delito de malversación.

La Audiencia explica que las pólizas «fueron aceptadas y asumidas» por Guerrero «con consentimiento y autorización» del exconsejero Antonio Fernández.

Indemnización a la Junta de más de tres millones

En concepto de responsabilidad civil, seis de los siete condenados en esta causa –todos salvo el ex director general de Trabajo Juan Márquez– deberán indemnizar conjunta y solidariamente a la Junta con hasta 3.033.625,84 euros, en diferente proporción cada uno.

Los magistrados consideran que el proceso se llevó a cabo «prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, haciéndose uso de las denominadas transferencias de financiación como sistema para eludir la aplicación de las leyes de subvención y conceder sin control alguno ayudas socio-laborales a empresas», a lo que se suma que «no existió ninguna solicitud formal para recibir la ayuda»; que Acyco «no efectuó declaración de ser beneficiario de otras subvenciones o ayudas con el mismo fin», y que «no se acreditó» el «interés social» de las ayudas otorgadas.