La cúpula de Fitonovo admite las mordidas y evita la cárcel

La «Madeja» se deshilacha. Los cerca de tres lustros de sobornos a funcionarios y mordidas a los contratos públicos se solventaron en la Audiencia Nacional en apenas una mañana, después de que haya pasado para una década de las detenciones encargadas por la jueza Alaya. El macrojuicio del «caso Madeja» desembocó en un pacto con la Fiscalía Anticorrupción por parte de la mayoría de implicados y la absolución de doce acusados tras la retirada de los cargos. El fiscal apreció las atenuantes de dilaciones indebidas, la confesión de los hechos y la reparación del daño, reduciendo la petición de condena de nueve años y medio a sólo 28 y 30 meses de cárcel.

Había 36 acusados en el caso y la vista se celebró con varios abogados por videoconferencia. La trama parte de la provincia de Sevilla –la Diputación hispalense estaba presente como parte– con la empresa Fitonovo como eje y precursora de un procedimiento ilegal para lograr contratos públicos, con una contabilidad paralela para el pago de los sobornos a empleados de las distintas administraciones principalmente de Andalucía pero también de Extremadura y Canarias. La entidad, con la práctica ilegal, logró cuadriplicar sus ganancias en plena crisis del ladrillo, amasando un patrimonio de once millones en esa época, según la Instrucción. Los sobornos llevaron, por ejemplo, a que Fitonovo se encargara de los parques infantiles municipales de Sevilla sin cualificación. La Guardia Civil calculó más de dos millones en «mordidas» entre 1995 y 2013.

Alaya hablaba en sus autos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y malversación de caudales públicos en su condición de «extraneus», falsedad en documento público y asociación ilícita. La «operación Enredadera», surgida del «caso Madeja», desveló un modus operandi basado en el pago de «mordidas», establecido como «práctica habitual» y con cargo al erario público. Una red de la que eran partícipes empresarios y funcionarios de las instituciones que se «vendían» por cantidades millonarias en ocasiones y, en otras, por «regalos», como viajes a Panamá, caviar, champán o un «pocket PC». El fraude abarca de 1995 a 2013. Las comisiones superan los dos millones de euros, de los cuales un millón lo habría recibido un trabajador de ADIF; otros 400.000 euros, otro trabajador de la misma empresa, mientras que un representante de IU en el Ayuntamiento de Sevilla habría percibido presuntamente 155.000 euros y el jefe de Carreteras de la Diputación hispalense, 111.000 euros. Con los contratos de «desbroce» de Fitonovo, se esquilmaba la Hacienda Pública. Tras su paso por la Audiencia Nacional, no obstante, la trama queda, en parte, desinflada. Alaya llegó a hablar de una «organización criminal» que se extendió por todo el país pagando sobornos a políticos y a técnicos para obtener contratos públicos.

Según avanzaba el juicio, hasta doce acusados abandonaron la sala, entre «enhorabuenas» al fondo. «Ya se puede ir si quiere», comentaba la magistrada con buen talante, según el tribunal anunciaba que «la sentencia será necesariamente absolutoria» una vez que la Fiscalía reconoció que los hechos están prescritos y la Abogacía retirara el delito de prevaricación a dos de ellos. Presuntos delitos como el cohecho o la falsedad quedaron imposibilitados para ser juzgados por el paso del tiempo, obligando así a dictar sentencia absolutoria, admitió el fiscal.

Una de las absueltas, para la que se pedían cuatro años de cárcel por blanqueo, fue Pilar Baro, pareja del dueño de Fitonovo, cuya acusación fue retirada. El grueso de los otros 24 acusados llegó a un acuerdo con el Ministerio Público, admitiendo los hechos y viendo reducidas las condenas. Así pasó con dos de los supuestos cabecillas: el dueño de Fitonovo, Rafael González Palomo, y su hijo José Antonio González Baro, para quienes el fiscal pedía 19 años y medio de prisión, y aceptaron dos años y cuatro meses y dos años y medio, respectivamente. De igual forma, los ex directivos de Fitonovo Juan Andrés Brugeras y Ángel Manuel Macedo pasaron de una petición de 19 años y medio a dos años y medio y un año y siete meses, respectivamente.

La Abogacía del Estado se sumó en algunos términos a los acuerdos y concretará reducciones en su petición de pena por el fraude.

Los acusados que llegaron a un acuerdo quedaron al margen y el 24 de enero testificará el resto. El fiscal expuso que Fitonovo tenía «en nómina» a numerosos funcionarios y disponía con una caja B alimentada con facturas falsas de proveedores. «Registraban operaciones en la contabilidad oficial aparentando compras de suministros o de servicios para, entre otros fines, financiar el pago de sobornos a funcionarios públicos», señaló el fiscal. Este juicio incluía la pieza principal del macrocaso, la pieza correspondiente a las empresas API Movilidad, Imesapi y Señalizaciones Villar.

«La entrega de comisiones se ha prolongado durante al menos 15 años, afectando a múltiples administraciones tanto estatales, como autonómicas y locales, e involucrando a un elevado número de funcionarios y autoridades. De hecho, esta organización criminal desarrolló su actividad a través de semejantes prácticas corruptas al menos desde el año 1995, y por un amplio ámbito geográfico: Sevilla, Córdoba, Jaén, Cádiz, Huelva, Algeciras, Zaragoza, Valencia, Barcelona, Extremadura y Canarias», determinaba el escrito inicial de acusación de la Fiscalía. El final de la pieza, con los acuerdos, se resume en la suspensión de las condenas de cárcel a pesar de «la certeza de los hechos». Un juicio anterior del caso ya acabó en noviembre con seis absoluciones a nueve encausados y penas de entre seis meses y tres años.