Transportes

Andalucía reclama la gestión de los trenes de media distancia

El objetivo de la Junta es completar los “insuficientes” servicios que presta Renfe

La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Marifrán Carazo
La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Marifrán CarazoEmilio NaranjoAgencia EFE

La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha reclamado hoy al Ministerio de Transportes la gestión en la red estatal ferroviaria para operar trenes de media distancia y entre las capitales andaluzas y completar los “insuficientes” servicios que presta Renfe. En su intervención en Madrid en la tribuna Foro de la Nueva Economía, Carazo ha explicado que no pide el traspaso de las competencias ferroviarias sino la gestión compartida con financiación para mejorar la oferta de trenes existentes entre las capitales andaluzas con nuevos servicios y precios competitivos y optimizando las infraestructuras existentes.

El objetivo de la Junta es añadir al menos cuatro servicios diarios por sentido en conexión directa entre las capitales andaluzas y reducir así los tiempos del trayecto, ha señalado la consejera, quien ha informado de que su Consejería va a “dar un paso adelante ante los insuficiente servicios ferroviarios que presta el Estado” y, además, ha asegurado que el Estatuto de Autonomía “abre una ventana de oportunidad para ello que quieren aprovechar”. La consejera ha hecho este anuncio antes de reunirse este jueves con la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, y el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, para abordar la financiación de la línea 3 del Metro de Sevilla, en la que la Junta pedirá al gobierno un compromiso de financiación de al menos el cincuenta por ciento de los 1.045 millones en que está presupuestado el tramo norte de dicha línea.

Ha alegado que la Junta busca una gestión más pegada al territorio y a las demandas de los ciudadanos al estar actualmente la red ferroviaria convencional del Estado “infrautilizada” ya que Andalucía carece de las conexiones y frecuencias necesarias entre las capitales, a pesar de que el gobierno andaluz ha reclamado en muchas ocasiones que se amplíen los trenes regionales, pero la situación “se ha agravado”, ha lamentado. Según Carazo, una persona que quiera ir de Sevilla a Huelva en tren tarda una hora y media y de Sevilla a Jaén hasta casi tres horas, con una oferta muy reducida.

En este sentido, ha apuntado que entre Córdoba y Jaén hay cuatro servicios diarios de más de hora y media de trayecto en tren y entre Granada y Málaga va haber un solo tren por sentido al día. ”Andalucía está dispuesta a mejorar los servicios de ferrocarriles y acabar con el déficit y las carencias”, ha afirmado la titular de Fomento, quien ha defendido que la comunidad tiene que estar vertebrada y cohesionada con un modo de transporte como el tren que “impulsa la revolución verde” que proclama el gobierno andaluz.

En su intervención en el foro empresarial ha repasado las materias de su competencia y ha destacado el incremento de la licitación en obra pública de la Junta de enero a noviembre de 2021 en un 56 % respecto al mismo período de 2020 hasta sumar 994 millones. Esta cantidad supone la tercera parte de las inversiones de todas las administraciones en Andalucía, a pesar de que el sistema de financiación autonómica “no atiende a la realidad de la comunidad y de que PSOE, Vox y Unidas Podemos han impedido la aprobación de los presupuestos de 2022″, ha precisado.

Además, ha subrayado que su Consejería ha abonado desde el inicio de esta legislatura hace tres años casi 300 millones pendientes de pago de reclamaciones judiciales y de expropiaciones y ha reducido el período medio de pago de 119 días a diez días. En materia de vivienda, ha defendido la política de la Junta “radicalmente opuesta” a la del gobierno central y ha reiterado que, si la nueva ley de vivienda del ejecutivo, invade competencias autonómicas la Junta la recurrirá ante el Tribunal Constitucional. Ha criticado el intervencionismo de la ley de vivienda del gobierno y ha apostado por incrementar la oferta y no intervenir en los precios del alquiler.