El Gobierno amenaza con sanciones por Doñana y propone ahora un Perte agrario

Doñana, durante los próximos meses y a medida que la tensión en la sanidad decaiga, será una de las bases del argumentario político hasta las elecciones. El PSOE continúa con la bicefalia discursiva desde Madrid y Sevilla. De un lado, el Gobierno avisa de que Andalucía pagaría la posible sanción europea por la iniciativa de los regadíos en Doñana y alerta del riesgo para la consideración de Patrimonio de la Humanidad. Por otro, el secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas, considera que si la Junta «lo hace bien» no tiene que haber ninguna multa. El PSOE-A se abstuvo en la propuesta parlamentaria presentada por PP, Cs y Vox en el Parlamento, amparándose en que, aunque el Gobierno se opone, quiere lanzar un mensaje de apoyo a los agricultores y no dejar el mundo rural «a Vox». Espadas aseguró que «no es necesario el recurso ante Europa» si la Junta «hace las cosas bien» en Doñana. El Gobierno avanzó que prepara un Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) agroalimentario que incluirá al entorno de Doñana e insistió al PP y Cs con que retiren la propuesta que amplia las superficies de regadíos, iniciativa –indicó– que repercutirá a Andalucía si se producen sanciones de la UE. La medida y las advertencias fueron planteadas por el secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago, después de reunirse con la plataforma Salvemos Doñana y con los grupos –salvo Vox, que no habría respondido– del PP, Cs, Unidas Podemos y, telemáticamente, con el PSOE.

El PP de Andalucía lamentó «la desinformación del Gobierno en torno a la Proposición de Ley (PPL) de mejora de ordenación de la zona de regadíos del Condado de Huelva», tras el encuentro «para aclarar todas las dudas respecto al texto». En la entrevista participaron la presidenta del Grupo Parlamentario Popular, Loles López; el portavoz, José Antonio Nieto; y el presidente del PP de Huelva y ponente de la PPL, Manuel Andrés González. Previamente, se reunieron también con el presidente de la Plataforma por los Regadíos del Condado y el alcalde de Lucena del Puerto. «Nos hemos encontrado una posición del secretario de estado muy marcada por determinadas percepciones que están muy alejadas de la realidad que vive la provincia de Huelva, y hemos intentado aportar la visión y la versión que le falta al Gobierno de España, que no es otra que la de los agricultores, la población y los alcaldes que reclaman una solución desde hace mucho tiempo», explicó Manuel Andrés González. El PP subrayó la «acreditada vocación de defensa de Doñana» que tienen los principales colectivos afectados, y defendió «diálogo y acuerdo para llegar a una solución definitiva que además de garantizar el presente y futuro de Doñana no criminalice a la agricultura onubense ni limite el desarrollo de la provincia ni el empleo». «Todo ello es compatible», señaló el PP, en línea en este aspecto con lo que defiende el propio Espadas. El PP recordó que la PPL llega «de la mano de los agricultores y de los alcaldes de la zona, la mayoría del PSOE» y que «no crea un problema, sino que trata de resolverlo». «Son familias que llevan desde el año 38 del siglo pasado cultivando», dijo González, incidiendo en que la PPL «no aborda cuestiones de agua, sino de suelo», y que las fincas «están a 20, 30 e incluso 40 kilómetros del Parque Nacional», que «no está en peligro». Ciudadanos, por su parte, tildó de “artificial” la polémica en torno a los regadíos de Doñana.

La PPL, aprobada la pasada semana en el Parlamento, está ahora en tramitación, a la espera de que los grupos presenten sus propuestas de comparecientes en la Cámara andaluza.

«Si dejamos aparte el que no podemos poner en riesgo o en peligro de Doñana y tampoco el acuífero como tal, de lo que tenemos que hablar es de la posibilidad de llegada de nuevos recursos superficiales de agua, por lo tanto, estaríamos hablando a futuro, un futuro que habría que ordenar, ya que actualmente hay demandas de usos de ese agua para la agricultura», defendió Espadas. «Para acometer cualquier revisión del plan, la Junta tiene que sentarse, en primer lugar, con las administraciones competentes, convocar al consejo de participación de Doñana, tiene que decir cómo lo va a hacer y tener los informes preceptivos para poderlo hacer, si no hace todo eso, evidentemente, no vamos apoyar ninguna locura por parte del Gobierno andaluz porque sería contraproducente», explicó el líder del PSOE-A.

El secretario de Estado advirtió expresamente que de aprobarse los proyectos de Ley que contemplan una modificación del Plan de Regadíos de municipios del norte de la Corona Forestal de Doñana «con toda probabilidad va a suponer una sanción económica» que desde el Ejecutivo se «repetiría» a la comunidad y que «van a tener que pagar los ciudadanos», además de poner en riesgo la consideración de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. Para el Ejecutivo central, la norma «es contraria a dos directivas europeas que ya han tenido la correspondiente trasposición en nuestro país, la directiva de aguas y de hábitat. Es contraria a normas de la propia Junta, es contraria a la estrategia de desarrollo sostenible». «Tenemos ya condenas del Tribunal de Justicia de la UE por la utilización indebida de los recursos de Doñana. Es muy preocupante que España se pueda arriesgar a no recibir fondos europeos por un nuevo incumplimiento», añadió Santiago. De su lado, la anticapitalista Teresa Rodríguez se reunió con la Unesco por la situación de Doñana.