Medio Ambiente

Cs denuncia presiones del Gobierno a los alcaldes de la Corona Norte de Doñana

El partido naranja citará en el Parlamento a la presidenta de la Diputación de Huelva y a los regidores de Almonte, Bonares, Lucena, Moguer y Rociana

Balsa de riego ilegal construida cerca de un pozo ilegal. EFE/José Manuel Vidal
Balsa de riego ilegal construida cerca de un pozo ilegal. EFE/José Manuel VidalJosé Manuel VidalAgencia EFE

El parlamentario de Cs por Huelva y portavoz adjunto del partido en el Parlamento, Julio Díaz, denunció presiones del Gobierno a los alcaldes de la Corona Norte de Doñana mientras se tramita la ley de reordenación de los regadíos. En un comunicado, anunció que su grupo citará en el Parlamento de Andalucía, dentro del trámite de audiencias y comparecencias de la tramitación de la Ley de la Reordenación de los Regadíos de la Corona Norte Forestal de Doñana, a la presidenta de la Diputación de Huelva, María Eugenia Limón, y a los cinco alcaldes de las localidades que están en el ámbito de la Corona Norte Forestal de Doñana, Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana.

Además de conocer su valoración y propuestas, Cs, según explicó Díaz, «quiere conocer si estos ayuntamientos han recibido, como le ha ocurrido al de Lucena del Puerto, y particularmente los de Moguer y Almonte que también tienen monte público, notificaciones de resoluciones del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico y de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir comunicándoles que pasan de ser responsables subsidiarios a responsables solidarios por las cesiones de monte público donde hay fincas de frutos rojos». El parlamentario detalló que, con este cambio, los consistorios tienen que hacer frente a sanciones si no colaboran en el control del uso de los pozos ilegales, «cosa que ya hacen». «El organismo de cuenca les exige inutilizar los pozos, levantar las parcelas y desmantelar los elementos para el uso de las balsas, además de que les comunica sanciones por incumplimiento pese a que nunca antes les había pedido esta responsabilidad», criticó Díaz, que ve «un intento de presión del Ministerio y de la CHG». El portavoz naranja insistió en que «no es normal que el 9 de febrero los registros de los ayuntamientos estuvieran recibiendo estas notificaciones, a modo de presión desde el Ministerio y el organismo de cuenca».