La sequía agrava el estado de los acuíferos de Cádiz

Primera quincena de marzo y la provincia de Cádiz sigue mirando al cielo con gran preocupación. Intranquilidad que no para de crecer teniendo en cuenta que el nivel de los embalses no deja de bajar y que las borrascas que han cruzado el territorio en los últimos días han dejado cantidades irrisorias: las precipitaciones más significativas se han registrado en El Bosque, 4,6 l/m2; San José del Valle, 13,2, y Grazalema, 5,3, propias de las jornadas menos lluviosas de esos otoños e inviernos que ahora se antojan tan lejanos.

Basta mirar el estado de los pantanos para tomar conciencia de la situación. Una realidad que, a las puertas de la primavera, nos habla de un nivel medio del 28,68 % en los diez embalses de la provincia o, lo que es lo mismo, un 20 % más bajo que en marzo de 2021 y casi un 40 % menos que la media de los últimos diez años.

De las consecuencias de esta sequía saben ya los agricultores, los más perjudicados por las restricciones, pero también esas «despensas de agua» tan importantes para la propia agricultura como para todas esas viviendas –muchas de ellas en situación irregular– que, a falta de servicios básicos, extraen el agua de los acuíferos a través de pozos.

En toda la provincia son 19 los acuíferos existentes y alcanzan una superficie próxima a los 1.600 km2, el 21 % de la superficie total provincial (7.442 km2). «Es obvio que este periodo de sequía que estamos sufriendo está empeorando la situación de unos acuíferos que, de por sí, ya estaban castigados», señala el delegado provincial de Desarrollo Sostenible de la Junta, Daniel Sánchez, quien destaca la constante labor de vigilancia que se viene realizando «para evitar la proliferación de pozos ilegales».

«Existe un plan de inspección aprobado, a través del que se realizan vuelos con drones para controlar la ejecución o existencia de pozos ilegales y, de ser así, ponerlo de inmediato en conocimiento de la Guardia Civil», recuerda. También apunta que «a raíz de la aprobación de la Lista (Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio), la Consejería de Fomento ha intensificado su labor de inspección para que los nuevos asentamientos que se están construyendo se paralicen a tiempo, tal y como ha sucedido en Barbate, en la zona de las marismas, donde se han precintando 60 ó 70 parcelas ilegales, o en Paterna. Del mismo modo, también se está realizando una fuerte labor de inspección en zonas tan sensibles como El Palmar».

Esa «fatiga» de los acuíferos, además de a las administraciones y a los sectores más afectados, procupa especialmente en los grupos ecologistas, como Greenpeace, quienes la han denunciado. Sobreexplotación y mal estado han sido los términos utilizados en el estudio llevado a cabo por esta ONG para referirse al estado de las balsas de agua de Vejer-Barbate, Chiclana-Jerez, Guadalete (San José del Valle) y Arcos. Es más, Greenpeace ha señalado que «el 44 % de las masas de aguas subterráneas de la provincia se encuentra en mal estado por contaminación o por sobreexplotación, a menudo ilegal e indiscriminada, para regadíos y desarrollo urbanístico».

La situación de escasez de aguas subterráneas que durante los últimos años, principalmente durante los meses de verano, se ha venido visualizando en zonas de viviendas localizadas en términos municipales costeros como Conil, Chiclana, Vejer y Barbate, entre otros. «Es obvio –señala Roberto Palmero, delegado de Medio Ambiente de Chiclana– que la proliferación de viviendas ilegales ha generado muchos problemas y que, entre ellos, está el aumento de pozos ilegales y la contaminación de las aguas». Además, advierte de que el agua «puede faltar este verano si no llueve».

De este modo, este verano se podría incrementar la demanda de cubas de agua, con lo que ello implica en algunos casos por la falta de control de la calidad, y, de este modo, complicarse el alquiler de estas viviendas por la dificultad de contar con suministro regular.