La Guardia Civil ve “trato de favor” en las ayudas de la Junta al corcho y señala el papel del exalcalde Borbolla

La Audiencia de Sevilla reanudó este lunes el juicio por las ayudas que la Junta de Andalucía concedió a empresas vinculadas al sector del corcho, como Corchos y Tapones de Andalucía (Cortansa), Corchos de Cazalla, Servicios y Mantenimiento de Cazalla, Enoworld y Corchos Higuera; con cargo a la partida presupuestaria 31L, con la que eran sufragados los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos e incluso innecesarios y subvenciones arbitrarias y sin publicidad.

Durante esta tercera sesión del juicio, celebrado en la Sección Cuarta, compareció como testigo un investigador de la Guardia Civil que ha ratificado el “amplio” atestado de dicho cuerpo con relación a los hechos que se atribuyen a los encartados.

Los acusados son Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del expresidente socialista de la Junta José Rodríguez de la Borbolla y exalcalde de Cazalla de la Sierra (Sevilla) por el PSOE, por su papel de socio mayoritario, administrador único o apoderado de las empresas investigadas; el actual alcalde de Cazalla, Sotero Manuel Martín Barrero, como partícipe del capital societario y de los órganos de administración de varias de las empresas; el coadministrador de las empresas Rogelio B.M.; un empresario portugués administrador de hecho de varias de las entidades, identificado como Fernando Pedro M.O.; y un responsable bancario identificado como Gerardo C.E.

En conjunto, el caso abarca las ayudas concedidas entre 2001 y 2007 por importe de 8.408.096,42 euros a este grupo de empresas “prescindiendo absolutamente de los principios y procedimientos legalmente establecidos para ello, sin fiscalización, justificación ni control previo, y, en definitiva, de forma fraudulenta y arbitraria”, según el juez instructor, José Ignacio Vilaplana.

El investigador de la Guardia Civil explicó que las “conclusiones” de su atestado apuntan a que en las ayudas investigadas “subyace un trato de favor hacia empresarios de la Sierra Norte de Sevilla”. Más al detalle, explicó que entre 2001 y 2004, durante el periodo del socialista José Antonio Viera como consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico, dicho departamento de la Junta destinó “reiteradas” ayudas “excepcionales” “a sociedades vinculadas a la Sierra Norte de Sevilla”.

Viera declarará este martes como testigo junto al exconsejero de Empleo Antonio Fernández. Ninguno de ellos figura como acusado en este juicio gracias al principio non bis in ídem, según el cual una persona no puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos. Los dos fueron ya condenados por la Audiencia de Sevilla en la pieza del procedimiento específico por el que se canalizaban y distribuían los fondos de la partida presupuestaria 31 de su departamento.

Se trataba de ayudas, según este agente, en las que “el objeto no estaba especificado” y que incurrían en aspectos “falsos”, sin memoria justificativa, plan de pagos o proyecto de viabilidad y cuya aplicación “no generaba empleo”, todas concentradas en la “comarca concreta” de la Sierra Norte sevillana.

Los acusados en el juicio, según ha asegurado, “debían conocer ese trato de favor”, lo que le ha llevado a exponer que el acusado Ángel Rodríguez de la Borbolla, a la hora de declarar, alegó que la Administración no le reclamaba “mayor justificación” sobre el destino final de los fondos.

Al respecto, este investigador ha explicado que en toda Andalucía las subvenciones de la Junta al sector del corcho fueron destinadas “sólo a empresas relacionadas con la Sierra Norte” salvo en un caso, que de todos modos se trataba de una sociedad “que tenía vinculación” con Borbolla.

Este procesado, según el agente, tenía un “papel preponderante” en los hechos investigados al contar con “participación” societaria en todas las empresas indagadas, figurar como “autorizado” en todas las cuentas bancarias y encargarse del “contacto” con los responsables de la Administración andaluza para las subvenciones cosechadas.

El investigador se ha centrado en las ayudas destinadas a incentivar la fusión entre Cortansa y Corchos de Cazalla, unas subvenciones concedidas “muchas veces” pese a que tales sociedades no se fusionaban y “nunca” llegaron a hacerlo. A juicio de este investigador, se trató de ayudas “pactadas de antemano” que constituían “más bien una entrega patrimonial de fondos públicos”.

El Ministerio Público, en su escrito de acusación, considera que los investigados son responsables de un delito de prevaricación en concurso medial con un delito de malversación, por lo que solicita para Rodríguez de la Borbolla la pena de siete años de prisión y diecisiete de inhabilitación absoluta; seis años de cárcel y quince de inhabilitación absoluta para Rogelio B.M., Fernando Pedro M.O. y Sotero Martín, y cuatro años de prisión y doce de inhabilitación absoluta para Gerardo C.E., así como el pago de distintas indemnizaciones a favor de la Junta.

Se trata del tercer juicio de la macrocausa de los ERE. En el primero, la Sección Primera de la Audiencia sevillana condenó a diecinueve de los veintiún ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. En el segundo, la Sección Tercera volvió a condenar al exconsejero de Empleo Antonio Fernández y al ex director general de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez por las subvenciones a la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco).