El juicio a la antigua cúpula de UGT-A por las presuntas facturas falsas empezará a finales de 2023 y durará seis meses

El juicio contra el ex secretario general de UGT Andalucía Francisco Fernández Sevilla y otros antiguos responsables del sindicato, para quienes la Fiscalía Anticorrupción solicita siete años de cárcel por presuntamente defraudar más de 40 millones de euros de subvenciones de la Junta con facturas falsas, comenzará a finales de 2023 y se prolongará hasta mediados de 2024.

En un auto dictado el 4 de abril, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla establece que la vista oral comenzará el 14 de diciembre de 2023 con las cuestiones previas. A partir de ahí, el tribunal se tomará un mes para decidir sobre ellas y el juicio se reanudará el 15 de enero de 2024 para, en teoría, concluir el 19 de junio después de un total de 61 sesiones. “Ello, sin perjuicio de la facultad del tribunal de suprimir algún día o señalar días adicionales en función del desarrollo del juicio”, matiza la Sala.

El Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla procesó en diciembre de 2019 a quince personas por un presunto fraude en catorce expedientes de ayudas concedidas entre 2009 y 2011 para la realización de más de 2.000 cursos o actividades de formación y archivó la causa contra el ex secretario general de UGT-A Manuel Pastrana por razones médicas.

En su escrito de acusación, el fiscal pide 7 años de cárcel y 50 millones de multa para Fernández Sevilla, el ex secretario general de Administración Federico Fresneda, la exsecretaria de Gestión Económica María Charpín y Enrique Goicoechea, consejero delegado de Soralpe, de la que UGT es socio único, por un delito continuado de fraude en subvenciones en concurso con otro de falsedad en documento mercantil. También reclama que estos acusados indemnicen solidariamente a la Junta con 40.750.047,74 euros e incluye a UGT-A como responsable civil subsidiario por esta cantidad y responsable solidario en las multas.

El Ministerio Público, además, pide 5 años de prisión para la antigua responsable de la Central de Compras, mientras que para los cinco interesa la pérdida del derecho a obtener subvenciones o ayudas públicas y gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante seis años.

Anticorrupción, además, solicita 3 años de prisión y multas de 3.600 euros para diez proveedores a los que considera cooperadores necesarios de UGT-A para la comisión de los delitos.

El 13 de marzo de 2020, el magistrado dictó un auto en el que acordaba la apertura de juicio oral contra los quince investigados tras recibir los correspondientes escritos de acusación presentados por Anticorrupción y las acusaciones particulares ejercidas por la Junta de Andalucía y el PP-A.

Tanto el Ministerio Público como las acusaciones particulares presentaron sus escritos de calificación después de que, el 3 de diciembre de 2019, el instructor procesara a los investigados. En ese auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado, el juez determinó que “el cómputo global de las cantidades defraudadas” en los expedientes de subvenciones concedidas por la Dirección General de Formación de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía a la organización sindical ascendía a 40.750.047,74 euros.

El instructor relató que hay pruebas de que entre 2009 y 2013 hubo “procedimientos concertados entre los responsables de UGT-A y determinados proveedores” para “facilitar” al sindicato “una vía de financiación para la práctica de sus actuaciones propias”. La operativa, según el magistrado, pasaba por destinar los fondos recibidos a través de subvenciones públicas “a unos fines distintos” del que deberían haber tenido, que eran “la práctica de acciones formativas, a personal ocupado y desocupado, conforme a los expedientes de subvenciones públicas que eran otorgadas por la Dirección General”.

Según asevera el juez, “en la consecución de aquellos fines fraudulentos de financiación era precisa la implicación de sociedades que, como proveedores, facilitaran la infraestructura documental y contable que permitiera obtener fondos destinados a formación, para poder desviarlos, con el fin de sostener los gastos corrientes del sindicato”.

En el posterior auto de apertura de juicio oral, el juez apuntaba a la “relación existente” entre los miembros de la antigua cúpula de UGT-A y la propia organización, de ahí “la presunta responsabilidad civil subsidiaria” del sindicato, por lo que procedía “requerir a dicha entidad para que preste fianza a fin de asegurar la responsabilidad civil que pueda derivarse de la causa”.

Por tanto, el instructor impuso una fianza de 40.750.047 euros a Fernández Sevilla y los restantes antiguos responsables de UGT-A, de manera “conjunta y solidaria”, mientras que las fianzas para el resto de investigados fueron de entre 638 euros y más de un millón.