Eduardo Herrera, expresidente de la RFAF, a juicio por usar en su provecho una subvención del CSD

Eduardo Herrera, presidente de la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFEF) durante 33 años, será juzgado este martes en la Audiencia Provincial de Sevilla por presuntas irregularidades en la adjudicación de dos obras en unas instalaciones deportivas en Huelva, una de ellas sufragada con una subvención del Consejo Superior de Deportes (CSD) y otra con fondos de la propia RFAF. Herrera, su exdelegado en Huelva y otras dos personas serán enjuiciadas en la Sección Séptima por los presuntos delitos de falsedad en documento mercantil, malversación y apropiación indebida.

La Fiscalía solicita ocho años de cárcel para Herrera: cinco por un delito de falsificación en concurso medial con otro de malversación y tres por otra falsificación, en este caso en concurso medial con un delito de malversación. Para Félix Pérez Romón, exdelegado en Huelva, y su hijo, nueve años y medio por los mismos delitos más otro de apropiación indebida. Y para la mujer de Pérez Romón, un año y medio por esta última infracción.

Según el Ministerio Público, Herrera y «su amigo» Pérez Romón, entonces vicepresidente de la RFAF, se concertaron para que una subvención del CSD canalizada a través de la Federación Española de Fútbol (RFEF) para obras de mejora en los campos de La Orden, por un importe de 78.895,65 euros, «pudiera beneficiarles». Así, como debían elegir entre tres empresas, «introdujeron en el expediente» dos presupuestos ficticios de empresas que «habían dejado de tener actividad años antes» junto con el de la mercantil Invergabe, administrada por Pérez Romón y su hijo, a la que «fue a parar el importe de la subvención». Después emitieron dos facturas de obras relacionadas con iluminación, vestuarios e instalación de postes y mallas, pero «desviaron parte a su propio provecho, al facturar partidas por conceptos que realmente no se ejecutaron». La Fiscalía afirma que se apropiaron de 6.500 euros.

El mismo procedimiento, según la acusación pública, se repitió con otra subvención de 63.139,18 euros provenientes de «recursos propios» de la RFAF, para el montaje de un campo de fútbol playa en La Orden. En este caso, Invergabe emitió el 23 de marzo de 2012 una factura en la que aparecían partidas “por un importe superior a lo que realmente fue ejecutado”. La Fiscalía calcula que ese “exceso” es superior a los 20.000 euros pero no pudo averiguar con exactitud “el importe del que se habrían apropiado los acusados” porque el campo en cuestión, “por causas no determinadas”, fue derribado durante la investigación judicial.

La RFAF se personó como acusación particular al principio del procedimiento al ser “perjudicada por estos hechos”, pero el 7 de julio de 2021 presentó un escrito en el juzgado para comunicar que se apartaba y que solicitaba el sobreseimiento de la causa.

El juez de Instrucción número 7 de Sevilla, Eugenio Pradilla, fue el encargado de investigar el caso y en su día llegó a atribuir hasta cuatro delitos a Herrera: prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y falsedad en documento mercantil. La investigación no sólo se centró en lo ocurrido en Huelva, sino también en la adjudicación de obras de instalaciones deportivas en Granada, a raíz de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Herrera, que también llegó a ser vicepresidente de la RFEF, defendió ante el instructor que los presupuestos se ajustaron a la legalidad y que las obras fueron justificadas. La Fiscalía, en cambio, argumentó que no se convocó ningún concurso público y que la Federación pedía presupuestos a tres mercantiles y dos de ellos eran ficticios.

Hace tres años casi justos, el 3 de junio de 2019, Herrera presentó su renuncia a la presidencia de la RFAF “por motivos personales”, a pesar de que en febrero de 2018 había sido reelegido para un nuevo mandato.

En 2013 ya se archivó una denuncia contra Herrera y Pérez Romón, que también será juzgado este martes, por las mismas presuntas irregularidades relacionadas con subvenciones para la construcción de campos de fútbol que acabaron en la cuenta de la mercantil ligada a la familia del delegado en Huelva.