Economía

Una familia puede ahorrar de media 40 euros al año con la suspensión del canon del agua

Fue una promesa electoral de Juanma Moreno durante la campaña y parte de la pregonada nueva “Revolución hídrica”

El portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ayer durante la rueda de prensa del Consejo de Gobierno
El portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ayer durante la rueda de prensa del Consejo de GobiernoRaul CaroAgencia EFE

Una familia media andaluza de cuatro miembros puede ahorrar en torno a 40 euros anuales en la factura del agua con la suspensión del impuesto del canon autonómico que el presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, prometió aplicar al menos doce meses durante la campaña electoral. Se trata de una de las medidas de ámbito fiscal que el nuevo Ejecutivo autonómico pretende aplicar, ahora sin obstáculo al contar con mayoría absoluta, para amortiguar las consecuencias de la inflación de precios y el disparado aumento de la cesta de la compra y los servicios básicos.

Así, una familia de dos personas adultas y dos menores de edad, con un consumo medio de alrededor de 100 euros trimestral, viene pagando en la actualidad entre 9,50 y 10 euros en su factura. Aunque no es mucho dinero, en el contexto actual supone una contribución a la mejora de la economía colectiva de las familias andaluzas.

Este canon es un ingreso propio de la Comunidad Autónoma de Andalucía de naturaleza tributaria, que grava la utilización del agua de uso urbano con el fin de posibilitar la financiación de las infraestructuras hidráulicas de cualquier naturaleza correspondientes al ciclo integral del agua de uso urbano.

El propio presidente anunció hace unos meses que este 2022 por primera vez se igualaría la inversión en infraestructuras a los 140 millones que se recaudan. Y ésta es, precisamente, la causa que hoy permite plantearse su suspensión temporal. Cuando el actual Ejecutivo andaluz tomó posesión, el canon del agua de Andalucía tenía una recaudación de 720 millones de euros pero solo se habían ejecutado 219 millones hasta ese momento. Es decir, en 2019 había 500 millones sin ejecutar. Ello se había traducido en multas de la UE por el retraso por el vertido incontrolado de aguas residuales que durante la última legislatura se han frenado con la ejecución de obras.

Además, el Gobierno de Juanma Moreno decidió que este impuesto finalista se utilizara tanto para depuración como para el abastecimiento en alta, dada la afección detectada en diversas zonas de la región por el cambio climático, la sequía y el estrés hídrico. Para ello fue necesario una modificación del objeto del impuesto en la Ley de Presupuestos de 2019. De este modo, se declararon de interés para la comunidad un total de 17 actuaciones de infraestructuras hidráulicas de abastecimiento en toda Andalucía –ya están en marcha en mayor o menos medida–.

La Junta ha dado un impulso sin precedentes a la obras de depuración, pero sigue sin haber ejecutado todo lo recaudado. Además, los fondos del Next Generation abren un nuevo escenario de posibilidades que el Gobierno andaluz pretende exprimir al máximo. Elías Bendodo, portavoz y consejero de la Presidencia, recordó la hoja de ruta que tiene como fin que el nuevo Gobierno de Juanma Moreno sea nombrado el 25 de julio, tres días después de su toma de posesión como presidente. «La prioridad es que Andalucía tenga un presupuesto cuanto antes», dijo ayer. En esas cuentas se ha de reflejar ya la eliminación del canon del agua o, lo que es lo mismo, una reducción de 140 millones en ingresos y que permanecerán en los bolsillos de los andaluces.

El portavoz reiteró que impulsar la «gran legislatura del agua» será una «prioridad máxima». De hecho, se refirió a esta estrategia como una «revolución hídrica», porque el agua es fuente de empleo, de vida y de oportunidades. «El agua no es de derechas ni de izquierdas; es de todos», enfatizó el portavoz. La comunidad andaluza es una de las regiones más vulnerables al cambio climático, por ello estas políticas no deben estar «supeditadas a ninguna idelogía» y por ello es necesaria la «implicación de todos: ayuntamiento, mancomunidades y, por supuesto, el Gobierno de España».

En los últimos tres años y medio, la Junta ya ha invertido 1.500 millones de euros en políticas hídricas, lo que ha permitido poner en marcha, entre otros proyectos, las 300 obras de depuración que habían sido declaradas de interés de la comunidad en 2010. Y es que en 2019 había más de 170 proyectos que no se habían iniciado aún.

Las políticas de agua seguirá siendo un eje estratégico en la segunda legislatura de Moreno. Además de continuar desarrollando las medidas del Pacto Andaluz por el Agua aprobado en 2020, el Ejecutivo tiene en mente aprobar una Ley de Gestión Sostenible del Agua en Andalucía que conlleve la modernización de la legislación en materia de aguas y la mejora de la gestión del ciclo urbano del agua y de los sistemas de explotación.

El impulso de una Revolución Digital en la Gestión del Agua con el objetivo de contribuir a una gestión más eficaz de los recursos hídricos en tiempo real y la finalización de los tres planes hidrológicos de las cuencas intracomunitarias para el ciclo 2022-2027 son otros de los objetivos a desarrollar.