“Caso ERE”: menos de 23 millones recuperados de los 680 del «fondo de reptiles»

El dinero malversado en el “caso ERE” es una de las grandes incógnitas y su cómputo tiene difícil solución. La sentencia de la Audiencia de Sevilla, atendiendo a la Fiscalía que eliminó el montante de un año de la partida 31L -el llamado “fondo de reptiles”-, fijaba en 680 millones el dinero destinado a las prejubilaciones y para las ayudas a empresas en crisis otorgadas por la Junta entre 2000 y 2009. Pero no todas fueron fraudulentas aunque el sistema utilizado fuera montado para evitar los controles. Después de que se haya hecho público el dictamen sobre el recurso en el Tribunal Supremo sobre la pieza del procedimiento específico de los ERE, la Junta de Andalucía dio a conocer el dinero recuperado hasta la fecha: unos 21 millones más otros 1,9 millones “reconocidos” en sentencias en el Tribunal de Cuentas y en los de Justicia.

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Antonio Sanz, explicó que a partir de septiembre, cuando previsiblemente se conozca la sentencia completa del Supremo, el Ejecutivo andaluz evaluará “la posición de la Junta” para recuperar el dinero defraudado. De momento, el Supremo sólo ha hecho pública la sentencia con el resultado de tres votos a favor y dos en contra, confirmando las condenas de inhabilitación a Chaves y de cárcel a Griñán, entre otros, y únicamente rebajando la pena al ex director de Trabajo Juan Márquez. Sanz insistió en que la Junta sigue “trabajando por recuperar el dinero de los andaluces”.

La Sección Primera de la Audiencia, en su sentencia inicial, cuantificó en 680 millones de euros el montante global de los créditos presupuestarios canalizados mediante las transferencias de financiación de la Consejería de Empleo a la Agencia IDEA, y destinados a “fines completamente ajenos” al establecido y al margen de la legalidad.

De los 680 millones del fondo, lo que a todas luces era irregular era la gestión. Los acusados, por su parte, defendieron que “el crédito nunca delinque”. Los prejubilados, en su mayoría han seguido cobrando las prejubilaciones y hasta 2025 Empleo tiene que pagar aún 27 millones. Según informó la Consejería de Empleo, el Decreto Ley 4/2012, de 16 de octubre, estableció las medidas extraordinarias y urgentes en materia de protección sociolaboral a ex trabajadores andaluces afectados por determinados procesos de reestructuración de empresas y sectores en crisis, además de fijar la regulación de las ayudas sociolaborales a estos exempleados. Conforme a dicha obligación legal, estas ayudas directas han sido abonadas por la consejería de Empleo, y en los últimos ejercicios el importe ha sido de 16 millones en 2019; 12,97 millones, en 2020; 9,5 millones en 2021; y se prevé en 2022 5,8 millones.

El tribunal sentenció que el mecanismo presupuestario utilizado para abonar el dinero -las transferencias de financiación que la Consejería de Empleo enviaba al extinto Instituto de Fomento de Andalucía o a su sucesora la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), que actuaban de ‘caja pagadora’- es inadecuado, dado que esa herramienta sólo puede emplearse para cubrir las pérdidas de una entidad pública. En sentido estricto, toda la gestión de dicha partida es irregular.

En diciembre de 2019, la Junta señaló que había conseguido la devolución de 15 millones, otros 25 millones de euros ganados en los juzgados aunque no los ingresará debido a la extinción de las sociedades demandadas o insolvencia, y otros 19,7 millones ganados en el Tribunal de Cuentas. Por tanto, en dos años y ocho meses, se han recuperado algo menos de ocho millones más.

La Junta a partir de 2015 y con el PSOE en el poder empezó la revisión de las ayudas con cargo a la partida 31L y abrió un total de 218 expedientes, muchos de los cuales pasaron como denuncia al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. También se abrieron procedimientos ante el Tribunal de Cuentas, a través de una denuncia, precisamente del ahora consejero de Presidencia Antonio Sanz, entonces secretario general del PP-A. La tercera vía abierta es la penal. En octubre de 2016, los servicios jurídicos de la Junta, con Susana Díaz como presidenta pidieron el sobreseimiento de la pieza política de la macrocausa negando la existencia de una “trama criminal”. Entonces la Junta se posicionó asegurando que en caso de condena ejercería la responsabilidad civil. El presidente Juanma Moreno siempre ha insistido en «trabajar todos los días para que eso jamás vuelva a suceder en nuestra comunidad y podamos recuperar el dinero que es de todos y cada uno de los contribuyentes andaluces, y que se merece que sea devuelto».

Por otro lado, el Consejo de Gobierno anunció el nombramiento como directora general de Presidencia de Lourdes Fuster, la que fuera abogada del PP en el “caso ERE”. Fuster fue la pasada legislatura subdirectora de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Amaya), dependiente de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible; y después ocupó la presidencia del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA).

Asimismo, el Gobierno andaluz ha nombrado a los viceconsejeros de Educación, Macarena O´Neil; Inclusión Social, José Repiso; e Industria Ana María Bielma. El Ejecutivo sigue sin portavoz, aunque en la anterior legislatura también se postergó el nombramiento, que recayó en Bendodo.