La nueva ley de tasas no supera los ingresos de 2019 y de 2018

El Parlamento de Andalucía aprobó a finales del año pasado la Ley de Tasas y Precios Públicos de Andalucía, que actualizaba la anterior norma que se remonta al año 1988. El consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, apuntaba entonces que el objetivo era «modernizar la administración» y poner orden en los tributos y servicios que presta la Junta de Andalucía. De hecho, aseguraba que la actualización de la norma conllevaba la supresión de aquellas tasas que gravaban servicios que ya no existían y que habían quedado obsoletos o que han pasado a ser competencia de otros niveles de la Administración. Igualmente, también contemplaba la creación de otras como consecuencia de la prestación de nuevos servicios. Esto último fue una de las críticas más habituales de la oposición, que apuntaba que la normativa creaba «nuevos impuestos» –en realidad nuevas tasas, ya que son conceptos distintos–, algo que iba en contra de la reducción de la carga fiscal que defendía el Gobierno andaluz. La realidad, es que la nueva ley, que entró en vigor el 1 de enero salvo algunas tasas por servicios administrativos en materia de industria, energía y minas o por utilización o usos especiales de espacios en instituciones culturales, no ha aumentado la recaudación como sí lo han hecho los impuestos directos e indirectos que ingresa la Administración andaluza.

Según los datos provisionales de recaudación del primer semestre, la recaudación por tasas e ingresos de derecho público de las consejerías y Agencias administrativas y de régimen especial fue de 228,6 millones de euros. Esta cantidad fue un 26,05 por ciento más que la del año anterior, es decir, 47,2 millones más. Ahora bien, 2021 fue un año anómalo porque la cantidad que se recaudó (181,3 millones) fue la más baja de los últimos años. Así, la cifra de este primer semestre, los 228,6 millones de euros mencionados, está en consonancia con la recaudación de 2020 (239,9 millones) o la de 2016 (220,6 millones).

Más significativo resulta que la los ingresos por tasas en este primer semestre es una cantidad sensiblemente inferior a la de 2019, primer año de Juanma Moreno como presidente y en el que la Junta recaudó 309,7 millones de euros. En 2018, último de Susana Díaz, la cifra ascendió a 274,7 millones de euros.

La actual ley de tasas recibió durante su tramitación parlamentaria un total de 29 enmiendas presentadas por todas las formaciones políticas y contó con el visto bueno de entidades de la sociedad civil, entre ellas, de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la Federación Andaluza de Consumidores y Amas de casa de Al-Ándalus, la Federación de Consumidores de Andalucía, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos y el Instituto de Academias de Andalucía, entre otros. También recibió el apoyo, según explicó el exconsejero Bravo de asociaciones que representan a los distintos sectores afectados, como la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), la Federación Andaluza de Caza (FEDECA) o la Asociación de Operadores de Telecomunicaciones Locales de Andalucía (ACUTEL).

Esta ley estrenada este año establece beneficios fiscales para los mayores de 65 años, jóvenes, demandantes de empleo y recoge una consideración especial hacia las familias numerosas, las personas con discapacidad, la cultura, las víctimas de violencia y terrorismo, el mundo rural, la caza, la pesca, la tauromaquia y la ganadería. Para estos colectivos, la norma contempla, entre otros beneficios, la exención del pago de las tasas por expedición de títulos académicos y profesionales no universitarios, por los servicios académicos y administrativos de las Escuelas Oficiales de Idiomas, por enseñanza náutico-deportiva, así como por la inscripción en las convocatorias de la Junta de Andalucía para la selección de personal.

Como novedad y con el propósito de fomentar el uso de la administración electrónica, la Ley incorpora un beneficio fiscal aplicable a todas las tasas cuanto éstas se presenten de forma telemática. El espíritu de la ley, según insistían desde Hacienda, no era «recaudatoria», ya que las tarifas se establecen con objeto de sufragar el coste administrativo del servicio que presta la Administración, sin exceder el coste real del mismo, y cuyo abono corresponde al beneficiario del servicio. A la espera de que se cierre el ejercicio y que transcurran varios años con la ley en vigor, se conocerá cómo funciona en cuanto a recaudación esta nueva norma.