Ahorro energético

«Sí» a limitar el alumbrado navideño en Andalucía salvando el puente de la Constitución

La mayoría de ayuntamientos y los empresarios ven «razonable» las directrices de la Junta, que duda sobre su aprobación este año

El árbol de Navidad con luces LED más grande de Europa, situado en la plaza de San Francisco de Sevilla la pasada Navidad. EFE/ Raúl Caro.
El árbol de Navidad con luces LED más grande de Europa, situado en la plaza de San Francisco de Sevilla la pasada Navidad. EFE/ Raúl Caro.Raúl Caro.Agencia EFE

La mayoría de ayuntamientos y organizaciones consultadas por la Junta de Andalucía acepta la propuesta de limitar el alumbrado navideño como medida de ahorro energético, siempre y cuando se permita que la inauguración de los juegos de luces característicos en las grandes ciudades se adelante al inicio del puente de la Constitución y de la Inmaculada, y así no perjudicar la alta actividad comercial.

La antigua Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible elaboró en 2021 un borrador de decreto para regular la protección frente a la contaminación lumínica en Andalucía. Esta normativa incluye tres directrices referidas a la iluminación navideña, como adelantó LA RAZÓN el sábado. En primer lugar, y con carácter general, «este tipo de alumbrado se apagará en horario nocturno excepto en los días específicos establecidos por cada Ayuntamiento». En segundo lugar, «el número de días de encendido tendrá que ajustarse a la duración de la festividad», lo que en el caso de la Navidad supone «minimizar el periodo de encendido que exceda de la franja comprendida entre el 22 de diciembre y el 6 de enero y, en ningún caso, se encenderá antes del 8 de diciembre». Y como tercera directriz, que «los Ayuntamientos deben velar para que la iluminación minimice la contaminación lumínica, optimice el consumo energético y funcione el mínimo tiempo de noche».

El consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández-Pacheco, incluyó la aprobación de este decreto entre las medidas a tomar en su primera comparecencia en comisión parlamentaria hace unos días. No obstante, al encontrarse aún en tramitación y restarle «varias fases», la Junta insistía ayer en que «no puede confirmar que esté aprobado antes del 8 de diciembre», fecha que genera el principal escollo para obtener el consenso deseado.

LOS ALCALDES DE SEVILLA Y HUELVA, EN FUERA DE JUEGO

La Consejería en materia medioambiental emitió una resolución a final de julio de 2021 sobre el sometimiento del proyecto de decreto al trámite de audiencia a la ciudadanía, a través de la entidades que los representan. Así, se notificó a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, a las diputaciones, a los ayuntamientos, a las asociaciones ecologistas, a las organizaciones de consumidores, a la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), a los principales colegios profesionales, a las universidades y a los sindicatos, entre otros. Más de un año después, el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, sorprendió diciendo que «cumplirá» la medida aunque se había enterado «por la prensa» de la misma. Según ha podido saber LA RAZÓN, el Ayuntamiento de Sevilla es uno de los que realizó aportaciones al borrador.

Aún más llamativa fue la respuesta del alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, que dijo que era «una ocurrencia desafortunada» y que «no se había contado ni con los ayuntamientos ni el comercio». Sí la vio «razonable» el primer edil de Córdoba, José María Bellido o la alcaldesa de AlmerÍa, María Vázquez, por tratarse de una medida «por el bien común». Por su parte, desde el Consistorio de Málaga, que como Sevilla anuncia la inauguración para el 25 de noviembre, recordaron que «el puente de la Inmaculada es importantísimo» porque motiva el consumo, algo en lo que coincidía Paco Cuenca, alcalde de Granada. La CEA ve «adecuado» limitar las fechas pero pide que se compatibilice con los intereses comerciales. En ello está la consejería, que aún «no tiene el texto cerrado» y sigue «estudiando opciones en función de las aportaciones recibidas». La intención es que los ayuntamientos tengan «la última palabra» y se priorice «el interés general».