El Gobierno vuelve a obviar el criterio poblacional en las inversiones de los PGE en Andalucía

El proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 prevé una inversión para Andalucía de 2.318,85 millones de euros, cantidad que representa el 17,2% del total de la inversión territorializada, que se sitúa en 13.443,93 millones, y supone que sea la segunda comunidad autónoma desde esta perspectiva, por detrás de Cataluña, que recibirá 2.508,92 millones de euros, según figura en el Informe Económico Financiero de las cuentas del Estado para el próximo ejercicio.

El Estatuto de Autonomía de Andalucía establece en su Disposición Adicional Tercera, en su punto dos, que “la inversión destinada a Andalucía será equivalente al peso de la población andaluza sobre el conjunto del Estado para un período de siete años”. Según los datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística (INE) difundidos el pasado mes de junio, la población residente en España ascendía a 1 de enero de este año 2022 a un total de 47.432.805 personas, y Andalucía concentraba al 17,9 por ciento de esa cantidad con una población de 8.518.053 personas. De esta manera, los 2.318 millones de inversión prevista en 2023 para Andalucía se quedarían a siete décimas del cumplimiento de la previsión estatutaria de recibir en inversiones del Estado el peso relativo de la población andaluza en el conjunto de España.

No obstante, en relación a los PGE de 2022, la inversión del Estado en Andalucía se incrementa, en términos absolutos, en 51,7 millones de euros, pasando de 2.267,07 millones presupuestados en el presente ejercicio --el 17,4% del total-- a la referida cifra de 2.318,85.

En el Informe Económico Financiero de los Presupuestos del Estado se desglosan esos 2.318,85 millones de euros en dos conceptos: una inversión de 584,90 millones, denominada de servicios públicos administrativos con presupuesto limitativo, apartado en la que Andalucía es la primera comunidad en términos absolutos; mientras que contabiliza los 1.733,95 millones restantes como servicios públicos con presupuesto estimativo.