La Audiencia pide a la Fiscalía que valore si Griñán entra en prisión

La cuentas atrás para la resolución de la posible entrada en prisión de Griñán y del resto de acusados a esta pena por el «caso ERE» sigue su curso. La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla solicita en un auto, al que accedió LA RAZÓN, que «pasen al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas los escritos presentados, a fin de que informen sobre la solicitud de suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad mientras se tramitan los indultos planteados». De momento, han pedido la medida de gracia Agustín Barberá, Carmen Martínez Aguayo, Miguel Ángel Serrano, Francisco Vallejo, María Rodríguez Román, el citado José Antonio Griñán, José Antonio Viera, Juan Márquez y Antonio Fernández.

En concreto, la Audiencia de Sevilla pide un informe a la Fiscalía para que se pronuncie sobre si los condenados con penas de prisión deben ingresar ya en la cárcel o esperar a la resolución de los indultos, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). De la decisión que se adopte depende el ingreso en la cárcel de ex altos cargos de la Junta que van desde ex viceconsejeros al ex presidente Griñán –si bien condenado por su labor al frente de la Consejería de Hacienda–, así como ex consejeros de la Administración andaluza, todos ellos condenados por prevaricación y malversación de caudales públicos en el juicio del denominado «procedimiento específico» de los ERE.

Las defensas de los inculpados piden la suspensión de la pena en tanto se resuelve la petición de indulto al Gobierno y tendrán la posibilidad de recurso de súplica en tres días.

La Sala de la Audiencia que se encargará de la ejecución del fallo, según el auto, está compuesto por los magistrados Pilar Llorente, Patricia Fernández y Enrique García López-Corchado. También se requiere a los condenados por prevaricación como el ex presidente Manuel Chaves para el «cumplimiento de la pena de inhabilitación absoluta a la que fueron condenados» por la sentencia dictada el 19 de noviembre de 2019 y que fue confirmada el pasado 14 de septiembre por la Sala Segunda del Tribunal Supremo. En esta situación, además de Chaves –condenado a nueve años de inhabilitación como ex presidente andaluz–, están los ex consejeros Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez, el ex viceconsejero José Salgueiro y el ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano, así como el ex director de IDEA Jacinto Cañete.

La Audiencia de Sevilla cita el artículo 904 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, señalando que «contra las sentencias dictadas en casación no se admite recurso alguno». «De lo anterior se desprende que la sentencia dictada en casación es firme desde el mismo día que se dicta, por lo que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 988 de la misma ley, procede su ejecución, adoptando las medidas precisas para ello».

También se apunta que «para la ejecución de la sentencia firme dictada» se acuerda «librar nota al Registro Central de Penados y Rebeldes para que proceda a las anotaciones de las condenas».