Ley andaluza de Policías Locales supera el primer trámite parlamentario

El proyecto de ley de Policías Locales, que entre otras medidas prevé que los municipios con 5.000 habitantes o más tengan cuerpo policial propio, ha superado este miércoles el debate a la totalidad en el pleno del Parlamento andaluz y seguirá su tramitación con apenas rechazo de la oposición. El proyecto de ley, que fue aprobado por el Gobierno andaluz el pasado 30 de agosto, pasa a partir de esta sesión plenaria a debatirse en comisión parlamentaria, después de que ningún grupo haya presentado enmiendas a la totalidad y haya dejado para el trámite enmiendas parciales sus propuestas y aportaciones a esta norma del Gobierno del PP.

El texto, que afectará a los casi 10.000 policías locales que existen en Andalucía, tiene como objetivo primordial incrementar el actual nivel de coordinación e incorporará procedimientos y medios técnicos homologados que se adaptan al progreso tecnológico y que permitirán una mejor respuesta en las funciones de los cuerpos. La futura norma prevé regímenes transitorios para aquellos municipios que cuenten con cuerpo de la policía local al momento de la entrada en vigor de la futura ley, pero no cumplan con el requisito mínimo de cinco efectivos, ya que con la normativa actual no hay mínimo exigido y muchos municipios pequeños cuentan con un único funcionario en sus respectivos cuerpos.

La nueva ley contempla también la asociación de municipios cuando dos o más limítrofes no dispongan de recursos suficientes por separado y promueve que, por parte de los ayuntamientos y de manera preferente, se establezcan patrullas compuestas por más de un agente o en colaboración con otras fuerzas y cuerpos de seguridad. Se elimina la categoría de superintendente en la escala técnica y la de intendente mayor pasa a denominarse intendente principal, una medida con la que se consigue alcanzar la homogeneidad en las escalas, teniendo cada una de ellas dos categorías, es decir, escala técnica: intendente principal e intendente; escala ejecutiva: inspector y subinspector; y escala básica: oficial y policía.

Asimismo, también se introducen otros criterios mínimos de proporcionalidad entre las diferentes categorías, novedad que aporta mayor seguridad jurídica, permite una organización operativa más eficiente y favorece la promoción en la carrera profesional. En cuanto a la prevención de riesgos laborales, se establece el derecho de los policías locales a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo y para ello, se aplicará la normativa general de prevención de riesgos laborales en todas aquellas funciones que no presenten características exclusivas de actividades de policía, seguridad y servicios operativos. Respecto a la jubilación, el personal funcionario de los cuerpos de Policía Local de Andalucía que haya perdido dicha condición por jubilación, sea forzosa o voluntaria, mantendrá la condición de policía local jubilado, con la categoría que tuviese en el momento de la jubilación, podrá vestir el uniforme en actos institucionales y sociales solemnes, disponer del correspondiente carné profesional y conservar la placa convenientemente modificada, de acuerdo con lo que reglamentariamente se determine.

En la norma se incluirán medidas para el fomento de la igualdad de género en los cuerpos de la policía local y se contemplará que, durante el periodo de lactancia natural, se facilite la segunda actividad por riesgo con el 100 % de sus retribuciones, y se modificará los requisitos para la movilidad entre cuerpos de policía local, con el propósito de evitar ciertas prácticas abusivas y las permutas y comisiones de servicio. La portavoz socialista Irene García, que ha advertido al Gobierno de que la ley en estos momentos “es un acuerdo de mínimos y tiene muchas lagunas”, ha señalado que el PSOE parte de una predisposición al diálogo y aunque no haya presentado enmienda a la totalidad va a ser “firme, riguroso y exigente” con el debate final, por lo que ha abogado por el reconocimiento de “un servicio público que apueste por un cuerpo más formado y coordinado”.

Por parte de Vox, el diputado Benito Morillo, que cree que la ley “nace coja” porque el Gobierno no le ha hecho caso a los sindicatos profesionales y solo acuden a los “sindicatos de siempre, los de clase, que ya no pintan nada”, con lo que, en su opinión, de haberlo hecho “no se habrían olvidado” de numerosas demandas que su partido quiere “arreglar” en el trámite de enmiendas en comisión parlamentaria. El portavoz de Por Andalucía, Juan Antonio Delgado, que ha recordado que como guardia civil está especialmente sensibilizado con una norma que afecta a estos representantes de la seguridad pública sobre todo “cuando cumple más de veinte años” y aunque es moderna, ha echado de menos una mayor “revolución tecnológica” porque la lucha actual contra la delincuencia requiere de mayor ciberseguridad.

La parlamentaria popular María Isabel Sánchez Torregrosa, que ha alabado el trabajo realizado por “todos los participantes” en esta normativa, ha mostrado sus satisfacción por la labor realizada especialmente por la Junta de Andalucía y los ayuntamientos, ambas administraciones apoyadas por los sindicatos policiales. El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha destacado el importante papel que han tenido no solo los sindicatos policiales sino también los ayuntamientos, a través de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), en la elaboración de una norma que ha calificado de “la más avanzada y moderna” y que pondrá “a los policías locales en el siglo XXI”El proyecto de ley, fruto de un total de 60 reuniones con todas las partes implicadas, llega a Andalucía tras dos décadas de espera, según Antonio Sanz, “probablemente demasiado prolongada para un colectivo que estaba poco reconocido”, y que a partir de esta norma va a permitir reforzar la identidad de estos profesionales, respetando, en todo caso, el carácter propio de cada cuerpo en su ámbito municipal.