Las obras público-privadas tienen «acento» socialista

El actual Gobierno andaluz viene defendiendo desde la anterior legislatura el modelo de colaboración público-privada en todos los ámbitos como fórmula para impulsar el desarrollo económico de la región. Junto a la simplificación administrativa, la reducción de impuestos o la atracción de inversión extranjera, el discurso oficial señala que la cooperación entre la Administración y los inversores privados es una fórmula plenamente válida para favorecer la competitividad de Andalucía y el fomento del empleo. Esta ideario se reafirma en los presupuestos para 2023 aprobados la semana pasada y que ya se tramitan en el Parlamento de Andalucía.

Entre la documentación depositada en la Cámara andaluza, se defiende que «la iniciativa público-privada se contempla como una fórmula que no solo ofrece ventajas desde el punto de vista financiero para el sector público, sino que activa el tejido empresarial, posibilitando mayores niveles de emprendimiento y generando un modelo en el que las dos partes, sector público y privado, actúan como socios». Ahora bien, a la hora de enumerar las actuaciones desarrolladas bajo esta fórmula, todas se corresponden a legislaturas anteriores impulsadas por Gobiernos socialistas.

El caso más conocido es el de la Línea 1 Interurbana Metro de Sevilla y las líneas 1 y 2 del Metro de Málaga. Básicamente, la fórmula elegida permitía que las sociedades concesionarias anticiparan, mediante la dotación de capital social, el equivalente al 20% de la inversión total y concertaban y contraían un préstamo con el Banco Europeo de Inversiones (BEI); que configuraban, junto con la subvención de capital de la Junta de Andalucía, las tres fuentes de financiación durante la ejecución de la infraestructura.

En ambos casos, los modelos económico-financieros de los metros implican que en la fase de explotación la Administración aporta una subvención.

En el caso del metro de Sevilla, la duración del contrato se prolonga hasta 2040 y la anualidad prevista para 2023 es de 57,9 millones de euros.

En el caso del metro de Málaga, tras varias modificaciones contractuales, la duración del compromiso se extiende hasta 2042 y la anualidad de explotación de la Junta de Andalucía a realizar a la concesionaria para 2023 asciende a 89,2 millones de euros.

Con esta fórmula se impulsó el denominado Edificio Administrativo Bermejales en Sevilla, tras un acuerdo suscrito por la Consejería de Hacienda y Administración Pública el 8 de julio de 2010. En la actualidad, tienen en él su sede administrativa varias delegaciones territoriales de la Junta de Andalucía y otras entidades instrumentales de la misma.

El derecho de superficie contemplado en el contrato se constituyó por un plazo total de 24 años y 9 meses, que finalizará el 8 de abril de 2035.

También se utilizó una fórmula similar para la construcción, conservación y explotación de la Ciudad de la Justicia de Córdoba, formalizándose un contrato de constitución de un derecho de superficie. La duración del contrato se extiende a 334 meses, finalizando el 30 de junio de 2042. En este caso, una vez concluya la concesión del derecho de superficie, el inmueble pasará a ser propiedad de la Junta de Andalucía.

El ámbito sanitario también ha entrado en fórmulas de colaboración público-privada con gobiernos socialistas. Es el caso de la puesta a disposición, renovación y mantenimiento del equipamiento clínico y general del Hospital Campus de la Salud de Granada. El contrato, que tiene una duración de ocho años, tiene como fecha de finalización 2024 y se basa en un sistema de pago por disponibilidad. Según este modelo, el pago único mensual será debidamente ajustado en función del nivel de disponibilidad efectiva, rendimiento y satisfacción del servicio de los equipamientos que se ponen a disposición de la Administración. La anualidad correspondiente a 2023 asciende a 12,08 millones de euros.

Por último, la documentación presupuestaria también alude a la concesión de obras para la ejecución y explotación del Proyecto Básico de Reordenación del Puerto de Carboneras (Almería), que sí se formalizó con el Gobierno del PP, concretamente el 12 de noviembre de 2019, iniciándose la ejecución del mismo con fecha 1 de enero de 2020 y contempla una duración de 39 años y 9 meses.