Plan para salvar los Centros Especiales de Empleo en Andalucía: 20.000 empleos en riesgo

La hoja de ruta del Gobierno de España y, en especial, de la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, preocupa a las asociaciones, federaciones y organizaciones que agrupan a las personas con discapacidad en España y, especialmente, en Andalucía. La vicepresidenta tercera ha anunciado su intención de acabar con las actuales bonificaciones e incentivos para la contratación laboral de las personas con discapacidad y esto supondría un grave perjuicio para sus intereses. De momento, ya se han manifestado en Madrid y ayer mantuvieron un encuentro con representantes de las Consejerías de Empleo y de Inclusión Social en la comunidad para recabar su apoyo ante una nueva legislación que supondría la pérdida aproximada de unos 20.000 empleos.

El Comité de Entidades Representantes de las Personas con Discapacidad en Andalucía (Cermi Andalucía) rechaza esta reforma y considera que «hace peligrar estos puestos de trabajo que son fundamentales para la inclusión, independencia y bienestar de este colectivo que sigue encontrando serias dificultades para su inserción laboral».

De momento, han encontrado la receptividad que no han tenido en el Gobierno de España porque, según han asegurado, el anteproyecto se ha elaborado sin contar con su opinión.

Uno de los principales problemas del texto con el que trabaja el Gobierno de España es que pone en peligro los Centros Especiales de Empleo. Son espacios creados como un medio de integración del mayor número posible de estas personas al régimen de trabajo normalizado. De hecho, sus plantillas deben estar conformadas al menos en un 70 %, por personas con discapacidad con un grado igual o superior al 33 %.

Además, el trabajo que realice el trabajador con discapacidad en los Centros Especiales de Empleo deberá ser productivo y remunerado y adecuado a sus características individuales, en orden a favorecer su adaptación personal y social, y facilitar, en su caso, su posterior integración laboral en el mercado ordinario de trabajo.

Quitarle las bonificaciones podría acabar con estos espacios. Además, el planteamiento de la ministra Yolanda Díaz puede ir contra «las competencias que tenemos las comunidades exclusivas en subvenciones y políticas activas de empleo», trasladan desde la Consejería de Empleo.

Desde Cermi Andalucía lo tienen claro y advierten de que, si no hay una rectificación, la ley «va a provocar pérdidas de empleo, va a minorar la contratación de personas con discapacidad, se va a poner en riesgo la viabilidad del empleo protegido necesario para estas personas, ya que se genera para dar oportunidades laborales a personas que sin esta vía quedarían excluidas del mercado laboral» y afectará a su «inclusión».