La Fiscalía insiste en el ingreso inmediato de Griñán en prisión

La cuenta atrás sigue su curso y ya solo queda la decisión de la Audiencia de Sevilla, que puede producirse en cualquier momento, para el ingreso en prisión del ex presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, y del resto de condenados a penas privativas de libertad en el caso del «procedimiento específico» de los ERE irregulares en la comunidad andaluza durante el mandato socialista. El Ministerio Público insiste en que siendo «firme» la sentencia la suspensión de la ejecución mientras se resuelve el incidente de nulidad y la petición de indulto parcial «no procede».

La sentencia del caso ERE –por la que también fue condenado otro expresidente de la Junta, Manuel Chaves a nueve años de inhabilitación– corroboró que los responsables del Gobierno andaluz aplicaron un sistema de concesión de ayudas sociolaborales a sabiendas del «descontrol» y de las «gravísimas ilegalidades» sin hacer nada para impedirlo. El ex presidente Griñán fue condenado a seis años y dos días de cárcel y 15 años y dos días de inhabilitación, por delitos continuados de malversación y prevaricación. A Griñán le queda la carta de la petición del indulto, ejecutada a través de su familia, al tiempo que se aferra a los incidentes de nulidad planteados ante la sentencia emitida al respecto por el Tribunal Supremo. En su día el PSOE señaló que la trama de los ERE era cosa de «cuatro golfos» pero en similar tesitura a Griñán se encuentran: Antonio Fernández, ex consejero de Empleo (condenado a siete años, once meses y un día de prisión); José Antonio Viera, ex consejero de Empleo (siete años y un día de prisión); Agustín Barberá, ex viceconsejero de Empleo (misma pena que Viera); Miguel Ángel Serrano, ex director general de la agencia IDEA (seis años, seis meses y un día de prisión); Jesús María Rodríguez Román, ex viceconsejero de Innovación (seis años y dos días de prisión); Francisco Vallejo Serrano, ex consejero de Innovación (siete años y un día); Carmen Martínez Aguayo, ex consejera de Economía (seis años y dos días de prisión); y Juan Márquez Contreras, ex director general de Trabajo (tres años de cárcel).

La Fiscalía Anticorrupción ha elevado un escrito a la Audiencia de Sevilla en el que se opone a las peticiones de suspensión de pena de las defensas de los condenados a prisión. El Ministerio Público responde la providencia del pasado 4 de noviembre de la Sección Primera de la Audiencia de Sevillaen la que exponía que durante el pasado mes de octubre había ido recibiendo diferentes escritos por parte de las defensas en las que solicitaron la suspensión de las penas a la espera de la resolución de los incidentes de nulidad ante el Tribunal Supremo.

Anticorrupción reitera «en todos sus extremos» el informe del 2 de noviembre en el que se oponía a la suspensión de la pena de prisión a los condenados. Al ser firme la sentencia, entiende el Ministerio Público, debe ser cumplida. El pasado día 7 la Audiencia de Sevilla dio tres días a Anticorrupción y a la acusación popular que ejerce el PP para pronunciarse.

Ante las alegaciones presentadas por las partes, los Fiscales Delegados en Sevilla de Anticorrupción Juan Enrique Egocheaga Cabello y Manuel Fernández Guerra señalan en un nuevo escrito que la Fiscalía «ya tuvo en cuenta para valorar la procedencia de la suspensión de la pena privativa de libertad» la presentación de incidentes de nulidad, «al ser anunciado por sus representaciones procesales en sus respectivos escritos» pidiendo la suspensión de la condena. También consideran «irrelevante» la presentación del incidente de nulidad ante el Tribunal Supremo, para pedir que se ejecute también la pena de inhabilitación especial a la que fue condenado Antonio Vicente Lozano Peña y a cuyo cumplimiento ya fue requerido por Auto, firme, de fecha 11 de octubre de 2022. En su anterior escrito, la Fiscalía Anticorrupción apeló a la gravedad de las penas impuestas. Para pedir la suspensión de la condena, el abogado de Griñán, José María Calero, señaló que el expresidente de la Junta tiene 76 años, no tiene antecedentes y han pasado entre trece y veintidós años desde que estuvo funcionando el sistema de los ERE, además de subrayar que es «la única condena en toda su vida».