Previsiones
La planificación de movilidad hasta 2030 no contempla peajes
La Junta de Andalucía reitera su compromiso de no gravar con impuestos las carreteras de su titularidad pese a la medida «anunciada por el Gobierno de España»
La Junta de Andalucía reitera su compromiso de no incluir peajes en las carreteras de titularidad autonómica. Así queda plasmado en el nuevo Plan de Infraestructuras de Transporte y Movilidad de Andalucía (PITMA), un documento que marcará la estrategia que seguirá la Administración autonómica en este ámbito hasta el año 2030 y que se aprobó el pasado 2 de noviembre en el Consejo de Gobierno.
El compromiso ha quedado sellado en dicho documento a respuesta de una de las múltiples alegaciones presentadas por particulares, asociaciones y administraciones públicas. En este caso, la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) había planteado la opción de estudiar esa vía porque, a su juicio, el PITMA debería dejar abierta la posibilidad a una posible implantación del pago por uso en la red de carreteras de gran capacidad de titularidad de la Junta de Andalucía. El rechazo a esta alegación ha sido contundente.
En concreto, pese a que se considera que esta sugerencia «no es un tema propio de un Plan de Infraestructuras», los redactores del texto señalan que «la Junta de Andalucía en la actualidad no es partidaria de imponer más limitaciones cuantitativas a la circulación de vehículos».
Más adelante amplía su respuesta y, como la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda no es ajena al debate que se ha suscitado por «la medida anunciada por el Gobierno de la Nación sobre la imposición de nuevos peajes en carreteras de su titularidad», señala que «esta Administración se ha pronunciado de forma clara y taxativa, en contra de la previsión estatal y ahora no es el momento de gravar con más impuestos al ciudadano».
Añade que «de conformidad con esta línea institucional y en el marco de crisis económica en que nos hallamos como consecuencia de la pandemia, no parece lo más adecuado imponer nuevas restricciones a la movilidad a través de tasas, que en definitiva recaerían principalmente en los trabajadores y empresas de transportes que requieran más desplazamientos, suponiendo mayores costes de producción y oportunidad para las mismas».
En esta línea, advierte también que «en cualquier caso, toda medida que se pudiera tomar en este sentido en el futuro deberá estar planificada y consensuada con el resto de las Comunidades Autónomas».
Al margen del interés político para marcar distancias con el Gobierno de España, hay una cuestión objetiva que se desliza en la respuesta a Seopan: «En cuanto a las tasas y tributos que actualmente gravan la circulación, debemos indicar que, la mayor parte de ellos son competencia estatal o local, de modo que ese importe no repercute en las carreteras de titularidad autonómica».
Con respecto a la colaboración público-privada, otra de las peticiones que realiza Seopan –alegación compartida por otras organizaciones–el documento señala que «en la actualidad se encuentran en distintas fases de elaboración o tramitación una decena de estudios de pre-estructuración para el desarrollo mediante colaboración público privada de diversas actuaciones. El objeto de estos estudios preliminares de Viabilidad es proporcionar una herramienta para valorar la viabilidad de la inversión a realizar mediante la colaboración público-privada, estableciendo una comparación entre las diferentes alternativas».
En cualquier caso, una de las cuestiones que repiten distintas organizaciones empresariales a esta hoja de ruta que ha marcada la Consejería de Fomento es la falta de concreción de muchos de los proyectos que se plantean.
Eso es lo que se concluye de las aportaciones solicitadas por la Confederación de Empresarios de Jaén, Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Málaga, FADECO y Confederación de Empresarios de Andalucía, que concluyen tras su análisis que el PITMA tiene una «falta de concreción de inversiones en cada Programa». Por ese motivo reclaman «inversiones por fuentes financieras, disponibilidad de un banco de proyectos, priorización de actuaciones y provincialización de las mismas e incentivar la colaboración público privada».
Los responsables del PITMA señalan que se trata de un trabajo de carácter «estratégico» aunque admiten que «el compromiso de desarrollo de actuaciones e infraestructuras que se adquiere viene limitado por la disponibilidad de recursos de los próximos ejercicios» y argumenta que «el documento vincula la ejecución de las actuaciones hasta el horizonte 2030 a la disponibilidad presupuestaria y, en especial, a la existencia de Fondos Europeos en el nuevo marco financiero 2021-2027».
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