La conflictividad laboral no cesa en Andalucía Emprende

La conflictividad laboral en la Fundación Andalucía Emprende se mantiene después de más de una década. Si se hiciera un ranking de empresas públicas en función de los problemas judiciales de la plantilla, este ente público estaría liderando esa clasificación o, en el peor de los casos, entre los primeros puestos. Y, de momento, no parece que la situación se reconduzca a corto plazo. Según la información consultada por este periódico, esta empresa pública tiene señalados 35 vistas durante 2023 por distintos procesos en los juzgados de lo social por reclamación de cantidades en las que están inmersos 122 trabajadores.

Los problemas en la Fundación Andalucía Emprende vienen de lejos. Por ejemplo, la Cámara de Cuentas de Andalucía analizó la gestión del personal dentro del informe de fiscalización de regularidad de la fundación relativo al ejercicio 2015 en el que detectó numerosos «incumplimientos». Entre otros, que en los expedientes de los trabajadores transferidos desde las Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (Utedlt) –740 subrogados en 2009– no quedaba «constancia documental» que acreditara que se habían seguido «los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad en el momento de su acceso al sector público» regional. En cualquier caso, y pese a los reparos en el informe de fiscalización, estos trabajadores se incorporaron en condicionales salariales distintas a aquellos que venían de la Fundación Red Andalucía Emprende y así llevan desde esa fecha, cobrando distintas cantidades por realizar el mismo trabajo.

La alta litigiosidad ha llevado a la dirección de Andalucía Emprende a promover la contratación de un despacho de abogados para estudiar cada uno de los procedimientos. La Fundación tiene suscrito un Convenio de Asistencia Jurídica con la Administración de la Junta de Andalucía, pero no incluye la cobertura ni la representación y defensa en el ámbito de los tribunales del Orden Jurisdiccional Social.

En la justificación para la contratación de este servicio también se alude a «la imposibilidad de las personas que pueden ostentar la representación de Andalucía Emprende, para ejercer de forma simultánea la defensa de los intereses de la Fundación en sede judicial, con una posible intervención en la fase de prueba correspondiente en calidad de testigo, si así fuera necesario».

Junto a ello se esgrime «el elevado volumen de asuntos extra procesales de carácter jurídico laboral (inspecciones de trabajo, interlocución con la parte social, movilidades, encomiendas y otras vicisitudes de la relación laboral) a los que se ve sometida el área de relaciones laborales en este momento, circunstancia que hace imposible que el personal del área pueda implementar este servicio en tiempo y forma».

Todos las vistas señaladas –la primera está prevista para el 10 de enero de 2023 y la última para el 19 de diciembre– son por reclamaciones de cantidades inferiores a 3.000 euros. La mayoría por incentivos correspondientes al periodo 2013-2018. Las vistas se celebrarán en los juzgados de lo social de Sevilla, Huelva, Granada, Almería, Málaga y Jerez.

Hay que recordar que la Fundación Andalucía Emprende se ha quedado finalmente fuera de la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico (Trade) y ha pasado de la Consejería de Empleo a la Consejería de Universidad, Innovación e Investigación.

Esta decisión, motivada por la nueva distribución de competencias del Gobierno andaluz en esta legislatura, no ha gustado a los sindicatos ya que consideraban que su integración en la Agencia Trade permitiría a los trabajadores homologar sus condiciones retributivas y garantizaba su estabilidad.

Ahora es la Consejería de Universidad la que debe garantizar la viabilidad de la Fundación Andalucía Emprende. El pasado jueves hubo una primera toma de contacto con los responsables de la citada consejería y los representantes de los trabajadores, que reclaman un convenio colectivo único que incluiría una equiparación al alza.

Andalucía Emprende es una fundación del sector público que tiene como misión promover la iniciativa emprendedora y el desarrollo empresarial. Fue constituida por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 14 de septiembre de 1999 y está participada exclusivamente por la Junta de Andalucía que es la responsable –casi de manera íntegra– de su financiación.

Según la Ley de Presupuesto de 2023 que se tramita en el Parlamento, cuenta con una Red Territorial con capacidad de actuación en la totalidad de los municipios andaluces, 854 trabajadores en servicio y un presupuesto de explotación de 37,2 millones.