Procesados Rivas y Lanzas por una ayuda de 3,1 millones de los ERE

El juez de refuerzo del juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha emitido un nuevo auto con el que ordena continuar por el trámite del procedimiento abreviado las diligencias incoadas contra el exdelegado provincial de la Consejería de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, el ex dirigente de UGT Juan Lanzas, que actuaba supuestamente como intermediario o “conseguidor” de ayudas públicas; su cuñado, Ismael Sierra, Jorge Andrés M.V. y su hijo Luis Morell Muñoz como responsables de la empresa Aglomerados Morell; el abogado Carlos L.B., Francisco Algarín como testaferro de Lanzas, el “intruso” José Luis LL.H.; la exsecretaria de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social María Ángeles G.M. y el exmiembro de Vitalia Jesús Bordallo.

En dicho auto, emitido este pasado jueves y recogido por Europa Press, el juez atisba presuntos delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental, con relación a los fondos públicos destinados por la Junta de Andalucía a la empresa sevillana Aglomerados Morell, por valor de más de 3,1 millones de euros, “para financiar la póliza de seguro que habría de permitir articular las ‘prejubilaciones’ voluntarias de trabajadores” de dicha entidad.

Se trata de fondos librados, según el juez instructor, de manera “arbitraria e injusta”, aludiendo a “subvenciones que se habrían gestado y concertado con los altos cargos de la Administración concedente”, entre ellos Rivas, “mediante negociaciones verbales, al margen de cualquier atisbo de publicidad, y de espaldas al procedimiento legalmente establecido”.

Según el auto, “los contactos producidos en orden a la obtención de ayudas para financiar la actividad de Aglomerados Morell se inician en el año 2006, siendo entonces cuando los investigados Jorge Andrés M.V. y su hijo Luis mantienen conversaciones con Juan Lanzas, quien prevaliéndose de su posición como secretario general de UGT durante el periodo que abarca desde el año 1997 al año 2002, como asesor de Estudios Jurídicos Villasis (a la que pertenecía Carlos L.B.) a partir de ese año, así como de sus colaboraciones como intermediario en la consultora de previsión social Vitalia (para la que trabajaba Bordallo), fomentó activamente la concesión y pago, a sabiendas de su ilicitud, de distintas ayudas como las de autos recibidas gracias a las gestiones a tal efecto por él realizadas con los responsables de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía”.

Las prejubilaciones incentivadas, según el auto, tendrían “un carácter voluntario, sin que conste en el expediente documentación alguna que sustente el acuerdo alcanzado con la empresa, ni las condiciones, ni el procedimiento seguido, ni ningún otro documento similar”, mientras su finalidad era “eliminar toda la plantilla existente en la empresa para proceder después a la contratación de nuevo personal relacionado en el municipio sevillano de Villanueva del Río y Minas”. Los responsables de Aglomerados Morell, según el auto, “no habrían presentado solicitud motivada y justificada para recibir las ayudas, en legal forma, ni formalizado ninguna declaración de ser o haber sido beneficiarios de otras subvenciones o ayudas con el mismo fin; y no habrían acreditado estar al corriente de sus obligaciones fiscales o de la Seguridad Social; destacando también la inexistencia de cualquier análisis económico que pusiera de manifiesto la necesidad del otorgamiento de estas subvenciones o de su importe”.