La Junta niega que renuncie a las políticas de infancia y evalúa su “compatibilidad” con el ingreso mínimo vital

El consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha negado que la Junta de Andalucía renuncie a las políticas de infancia, toda vez que ha señalado que están evaluando la “compatibilidad” entre el Ingreso Mínimo Vital y la Renta Mínima de Inserción.

Así lo ha indicado el consejero de Presidencia a preguntas de los periodistas sobre si la Junta renuncia a las políticas de infancia, en el marco de la inauguración de la nueva sede de la Agencia Digital de Andalucía en Sevilla.

“Estamos inmersos en este momento en una evaluación sobre lo que representa la compatibilidad entre la Renta Mínima de Inserción y el Ingreso Mínimo Vital”, ha manifestado Sanz, quien ha agregado que están trabajando sobre una normativa.

De este modo, el consejero ha insistido en que están viendo la “complejidad de la compatibilidad” de ambos sistema y “espero que no se hagan apreciaciones tan contundentes como la que estoy oyendo en estos momentos, porque esa apreciación no es lo que conozco dentro del gobierno”, ha manifestado.

Así ha respondido Sanz a las acusaciones de los socialistas que reprochan a al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que “renuncie” a las ayudas contra la pobreza infantil.

El PSOE de Andalucía ha recriminado este miércoles al Gobierno andaluz que “renuncie a ayudar a luchar contra la pobreza infantil”, cuando se trataba de una aspiración que “llevaba en su discurso de investidura”. El parlamentario socialista Rafael Márquez ha incluido esta renuncia, dentro de lo que ha descrito como “el lastre de un Gobierno que ignora los problemas de los andaluces y se ha dedicado a confrontar con el Gobierno”.

Según un medio de comunicación, el Gobierno andaluz ha renunciado al proyecto de ley que regulará el Ingreso para la Infancia y la Inclusión, así como en el proyecto de Presupuesto de 2023 las partidas de la Renta Mínima de Inserción Socical de Andalucía (RIMSA) se han recortado un 36%.

En este sentido, Márquez ha sostenido que “el Gobierno de Moreno Bonilla ha renunciado a aprobar paquetes de ayudas a las familias, a las empresas para afrontar la inflación y la subida de los tipos de interés de las hipotecas”, hecho que ha constratado con la hoja de ruta de otras comunidades, entre ellas, “Valencia, que está aprobando medidas desde marzo”.