Las consecuencias
La reforma de la malversación podría evitar la cárcel a Griñán y a otros condenados por los ERE
El Tribunal Supremo, en su sentencia, no hablaba de “lucro personal” y sí de “uso indebido” de los fondos públicos
La enmienda presentada por ERC en el Congreso de los Diputados para reformar el Código Penal tendría un efecto dominó en múltiples condenas. Uno de los que se beneficiarían de este cambio sería el expresidente andaluz José Antonio Griñán, así como otros condenados que están a la espera de entrar en prisión por el caso de los ERE. A la espera de conocer la versión exacta del texto presentado y si éste sale finalmente adelante, la posibilidad de reducir a una pena máxima de tres años de cárcel aquellos casos de malversación en los que no haya existido ánimo de lucro, encajaría perfectamente con la sentencia que afecta a los dirigentes socialistas andaluces.
Hay que recordar que la sentencia del Tribunal Supremo señalaba que “en relación con el delito de malversación de caudales públicos las personas enjuiciadas en este proceso y condenadas por este delito lo han sido bien por su participación directa en la disposición de fondos, bien por haber permitido esa disposición”. Por tanto, ellos no se habrían lucrado personalmente. Abundando en ello, la sentencia recordaba que tras la reforma de 2015, “en la actual regulación de la malversación también castiga la disposición definitiva de los bienes como su uso indebido vulnerando los deberes de administración”.
El Tribunal Supremo añadía igualmente que con la normativa actual -y que ahora se quiere reformar- “se pretende la protección de la indemnidad del patrimonio público y también el correcto funcionamiento de la actividad patrimonial del Estado. De acuerdo con las exigencias de una sociedad democrática este delito tiende a hacer posible la confianza de la sociedad en el manejo honesto de los fondos públicos y a garantizar los deberes de fidelidad y transparencia que tienen los funcionarios públicos a cuyo cargo se encuentran los bienes de la administración pública”.
Todo ello cambiaría de prosperar la reforma que propone ERC y que ha negociado con el Gobierno. En el caso concreto José Antonio Griñán, condenado a 6 años y 2 días de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 15 años y dos días, la nueva formulación del delito de malversación sin ánimo de lucro situaría su condena en un máximo de 3 años, que incluso podría reducirse al ser ésta la pena máxima. El expresidente andaluz tendría que solicitar una revisión de su condena al entrar en vigor una normativa favorable para sus intereses.
En la misma situación de Griñán estarían el resto de condenados por malversación, los exconsejeros Antonio Fernández, José Antonio Viera y Francisco Vallejo; los exviceconsejeros Carmen Martínez Aguayo y Agustín Barberá y José María Rodríguez; y los exdirectores general Miguel Ángel Serrano y Juan Márquez. Este último es el único que no está pendiente de ingreso en prisión porque la Audiencia de Sevilla acordó la suspensión de la ejecución de la pena de tres años de prisión impuesta mientras se tramita su solicitud de indulto
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