Carmen Crespo: «Hemos movilizado 2.900 millones en el agro andaluz»

Tras un año complejo, el sector agrícola andaluz encara un 2023 con no menos incertidumbres por la elevada inflación, la crisis energética, la tensión geopolítica derivada de la guerra en Ucrania y la sequía. La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, hizo balance de todo lo acontecido en el agro andaluz y marcó las líneas que seguirá su departamento en un encuentro organizado por LA RAZÓN, en colaboración con AgroBank, celebrado en el Real Círculo de Labradores de Sevilla. «Anticipación, agilización y simplificación» son los ejes de la política agraria de la Junta, una Administración que, desde 2019, ha movilizado casi 2.900 millones de euros en ayudas al sector, tal y como aseguró Crespo, quien lamentó que los productores «han visto golpeada su línea de flotación». En constante diálogo con el sector, la Consejería de Agricultura ha inyectado liquidez a través de varios mecanismos. Por ejemplo, subvenciones dirigidas a la modernización de explotaciones agrarias (612 millones), al regadío (256 millones) y a las industrias agroalimentarias (367 millones). Crespo anunció que antes de que finalice el año se abonarán las ayudas de mínimis –de bajo importe que no necesitan notificar su concesión a la Comisión Europea– y las correspondientes a la Medida 22, por un importe total de 40 millones de euros. Igualmente, se incorporará el segundo pago de la Política Agraria Común (PAC), por un valor de 363,5 millones. En cuanto a los Grupos de Desarrollo Rural (GDR), «en la actualidad estamos inmersos en el diseño del nuevo marco, donde vamos a priorizar las ayudas a jóvenes agricultores, a la modernización de infraestructuras y a la agroindustria».

En cuanto a las medidas fiscales y bonificaciones, la consejera anunció un nuevo paquete de medidas para el próximo año que contempla ayudas a los Grupos Operativos para la Innovación, para bonificar el pago de tasas a los sectores agrícola, ganadero y pesquero. Junto a ello, la Junta aprobará una línea de ayudas por valor de 8 millones de euros para bonificar el gasóleo. Además, elevará un informe para solicitar la reducción de módulos para los sectores más afectados por la sequía y la inflación. Crespo recordó que Andalucía lleva meses pidiendo al Gobierno una rebaja del IVA a los insumos y la doble tarifa eléctrica.

El año 2023 estará marcado por la entrada en vigor de la PAC, marcada por unos ecoesquemas «perjudiciales y dificultosos en su aplicación, con pérdidas por valor de más de 500 millones de euros». En este sentido, la consejera instó al Gobierno a flexibilizar «al máximo» los ecoesquemas debido a dos circunstancias: la sequía y el retraso en la aprobación del paquete normativo. «Pedimos que en el primer año no se sancione ni se retraigan pagos», reclamó, al igual que exigirá la modificación del Plan Estratégico de la PAC. Junto al sector, la Junta ha acordado pedir que los cultivos permanentes, como el olivar, y la ganadería ecológica se califiquen como ecoesquemas para que los agricultores «no tengan que hacer ninguna práctica medioambiental», además de cambios puntuales en la definición de las regiones. «Esto es básico para que no se pierda la rentabilidad en provincias como Jaén o Sevilla, donde el 60% de los agricultores sufrirán recortes en los fondos que ahora reciben de la PAC».

España ostentará la Presidencia del Consejo de la Unión Europea en 2023, una oportunidad para «buscar estrategias y alianzas que nos permitan ejercer liderazgo para abrir algunos debates» que conciernen al agro andaluz. Entre otros, Crespo citó la eliminación definitiva de las denominadas cláusulas espejo, la supresión de los aranceles de Estados Unidos o la aprobación de la Medida 23 que «Andalucía pide con ayudas específicas a la sequía». Junto a ello, abogó por no aplicar el «temido» semáforo del Nutriscore, «tan perjudicial para Andalucía al equiparar la grasa saludable del aceite de oliva con grasas de productos poco saludables». En este sentido, instó a defender el valor de la dieta Mediterránea, vinculada a la excelencia de los productos andaluces y al modelo sostenible social y medioambientalmente.

Las últimas lluvias han aliviado la alarmante situación que padece el campo, aunque Crespo lanzó un mensaje de prudencia porque el agua caída en los últimos días «no solventa el problema de déficit hídrico que arrastramos». «Aún estamos muy lejos de la normalidad, no llegamos ni al 28% de la capacidad de embalse que tenemos», aseguró, no sin antes recordar que Andalucía ha sumado 615 hectómetros cúbicos. La cuenca del Guadalquivir ha acumulado 328 hectómetros cúbicos. «Según los técnicos, tendría que estar más de 10 semanas seguidas lloviendo con la misma intensidad para alcanzar un grado óptimo», subrayó la consejera, quien marcó como objetivo la fabricación de 120 hectómetros cúbicos de aguas regeneradas para los regantes. La Junta está dispuesta a financiar proyectos de terciarios una vez que las concesiones de regadío precario pasen a ser definitivas y ha reclamado al Estado que destine fondos europeos para construir balsas en la cuenca del Guadalquivir.

A juicio de la consejera, es fundamental la construcción de la presa de Alcolea, en Huelva. «Si hubiera estado construida, con los 160 hectómetros cúbicos de lluvias caídas recientemente estaría ya al 50% de su capacidad». En este ámbito, Crespo anunció el inicio de la cuarta fase de las obras de abastecimiento de la Sierra Sur de Sevilla, con una inversión de 12,5 millones de euros. «Las obras se iniciarán en la primera semana de 2023». Además, en 2023 verá la luz el tercer decreto de sequía, «con obras tan necesarias e importantes como las que estamos realizando para garantizar el agua a los andaluces».

Crespo defendió el «esfuerzo titánico» que está realizando la Junta para paliar los efectos de la sequía. Un ejemplo de ello es el Plan SOS, con 4.000 millones de inversión hasta el año 2027, que contempla medidas a corto, medio y largo plazo.

Especialmente crítica fue la consejera con la campaña publicitaria impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, que pone a la fresa como epicentro de la explotación laboral. Crespo criticó que se trata de un «ataque frontal» a un sector estratégico, que genera más de 2 millones de jornales en Huelva y que solo en exportaciones supera los 581 millones de euros. «Pedimos al presidente Sánchez que tome cartas en el asunto y retire de forma inmediata esta campaña tan perjudicial para los intereses de la agricultura andaluza y española, ya que impacta directamente sobre los resultados en los mercados internacionales». En su opinión, ha quedado patente «la falta de liderazgo del ministro Planas, que ha sido incapaz de imponerse en el Consejo de Ministros para frenar esta campaña difamatoria».

«¿Qué pensarán en el Reino Unido cuando vean esta campaña?», se preguntó la consejera, quien aseguró que no es la primera vez que se intenta criminalizar al sector agroalimentario, tal y como ocurrió con la carne.

El acto lo cerró Antonio Martínez, director de AgroBank en Andalucía, quien hizo balance de la implantación de la entidad en la comunidad autónoma. «Uno de cada dos agricultores andaluces confía en nuestra entidad», aseguró, además de cifrar en 224.000 el número de clientes en Andalucía. AgroBank también tiene una amplia red de oficinas. De hecho, el 43% de las mismas está en municipios de más de 20.000 habitantes y en torno a 227 están en una población de menos de 5.000.

«Tratamos de dar viabilidad financiera a los proyectos que se nos presentan», subrayó Martínez, cifrando en casi 5.000 millones de euros el montante movilizado hasta el pasado mes de octubre, del que se benefició el sector agroalimentario.

En cuanto a los objetivos de la entidad, citó como prioridad la política hídrica, además de la incorporación de la mujer a los puestos directivos, los jóvenes agricultores y la innovación.