Cámara de Cuentas

Cada voto le «costó» al PSOE 4,2 euros, el doble que al PP

El partido de Juan Espadas fue el que más gastó en la campaña de las últimas elecciones autonómicas, con más de 3,7 millones de euros. El PP destinó 3,4 millones

El candidato a la Presidencia de la Junta y secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, en el foro 'Gobernanza socialista en las comunidades autónomas' en Córdoba. Rafael Madero / Europa Press
El candidato a la Presidencia de la Junta y secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, en el foro 'Gobernanza socialista en las comunidades autónomas' en Córdoba. Rafael Madero / Europa PressRafael MaderoEuropa Press

El PSOE andaluz obtuvo el pasado 19 de junio el peor resultado de su historia en unas elecciones autonómicas en Andalucía pese a ser el partido que más gastó en la campaña electoral. Para cosechar 888.325 votos y 30 escaños, los socialistas invirtieron 3.743.671,73 euros. En la práctica, esto supone que cada voto «le costó» a la formación que lidera Juan Espadas 4,21 euros.

Esta cifra contrasta con los resultados del Partido Popular, que recibió 1.589.272 votos de los andaluces que se convirtieron en 58 escaños, mayoría absoluta en el Parlamento andaluz. Los gastos declarados y justificados de la campaña de Juanma Moreno ascendieron a 3.452.474,97 euros, es decir, 2,17 euros por sufragio obtenido.

Vox, la tercera fuerza que más votos obtuvo con 496.618 sufragios, ha justificado 1.739.132,03 euros en su campaña electoral, por lo que cada papeleta le ha salido a 3,5 euros.

En el caso de Por Andalucía, para recibir 284.027 votos desarrollaron una campaña con un coste justificado de 1.087.142,26, lo que supone 3,82 euros por cada apoyo que recibieron.

Por último, en el caso de Adelante Andalucía, el balance de las elecciones autonómicas fue el siguiente: 195.601,24 euros justificados en campaña y 168.960 sufragios, es decir, 1,15 euros por cada papeleta que se depositó en las urnas respaldando su propuesta electoral.

Todos estos datos vienen recogidos en el Informe de fiscalización de la contabilidad electoral de las elecciones andaluzas del pasado 19 de junio elaborado por la Cámara de Cuentas de Andalucía (CCA).

Hay que señalar que la normativa electoral contempla dos tipos de subvenciones: por gastos electoralesy por envío directo y personal a los electores de sobres y papeletas o de propaganda y publicidad electoral. La Cámara de Cuentas recuerda que la subvención por gastos electorales se determina teniendo en cuenta el número de votos y de escaños; por su parte, la subvención por envíos se cuantifica mediante un determinado importe por elector que varía en función del porcentaje de votos obtenidos por cada formación política respecto del número total de votos válidos.

Con estos criterios, al PP le correspondería una subvención máxima de 4.956.353,63 euros; al PSOE, 2.957.148,20; a Vox, 1.768.331,56: a Por Andalucía, 1.074.013,19; y a Adelante Andalucía, 130.118,52 euros.

El resultado económico del PSOE andaluz es el peor de todos los partidos que obtuvieron representación parlamentaria. El desfase entre la subvención que recibe y el gasto justificado durante la campaña asciende a 786.523,53 euros.

Por Andalucía también presenta un ligero desfase de 13.468 euros. En el caso de Adelante Andalucía, la formación que aún lidera Teresa Rodríguez, la diferencia entre la subvención recibida y los gastos justificados es de 65.482,72 euros.

El informe de la Cámara de Cuentas detalla que la campaña del PSOE andaluz ha contado con fondos provenientes de la concesión de 516 microcréditos por personas físicas por un importe de 2.460.000 euros. Se trata de préstamos de naturaleza civil por cantidades que oscilan entre los 200 y los 10.000 euros y que devengan un interés del 2,5% anual.

Con respecto a las recomendaciones del órgano fiscalizador para futuros procesos electorales, el informe apunta que «debería determinarse de forma precisa los efectos derivados de incumplimientos de algunas obligaciones contempladas en la Loreg, como son las referidas a la de informar de los importes facturados superiores a 10.000 euros por parte de empresas, o al ingreso de todos los fondos a través de las cuentas electorales y el pago de todos los gastos con cargo a las mismas cuentas en el plazo de noventa días siguientes al de la votación por parte de las formaciones políticas».

Igualmente, propone revisar «la normativa electoral en relación con la financiación electoral, de forma que se contemplaran aspectos tales como posibles nuevas fórmulas de financiación», así como limitar «los gastos realizados a los imprescindibles para una campaña electoral», y «adecuar los límites de gastos en publicidad exterior y de publicidad en prensa y radio de titularidad privada» a los «nuevos soportes de publicidad existentes como consecuencia de la introducción de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación».