Suspendido el juicio de Invercaria por la huelga de letrados de Justicia

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha suspendido finalmente el juicio cuyo inicio estaba fijado para este miércoles, en torno a las presuntas irregularidades detectadas en los más de 2,2 millones de euros concedidos por la empresa de capital riesgo Invercaria, perteneciente a la Junta de Andalucía, a las sociedades Keepfresh Verde y Natural, Keepfresh Agroandalucía, Desarrollos Industriales Herón y Allfresh Investigación, Desarrollo y Comercialización. En esta suspensión, como en tantas otras a lo largo de los últimos días, ha pesado la incidencia de la huelga indefinida de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), así como la reciente renuncia de uno de los abogados defensores.

En esta causa, el juez de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, indicaba que los más de 2,2 millones de euros de fondos públicos objeto de las actuaciones fueron préstamos participativos “de naturaleza irregular” que comportarían posibles presuntos delitos de prevaricación en concurso ideal medial con un delito de malversación de caudales públicos y un delito de gestión interesada.

Según el juez, “el responsable de este mecanismo de inversión separado en distintas entidades cuando obedecía a un solo proyecto es Tomás Pérez-Sauquillo, que (como presidente de Invercaria) instó y autorizó estas inversiones sin ajustarse a las normas internas específicas previstas” en el plan director de Invercaria 2005-2008 y en la normativa económica que lo regulaba.

En su escrito de acusación para esta pieza, el Ministerio Público reclama para el expresidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo y para el ex director financiero Antonio Nieto seis años de cárcel y 15 años de inhabilitación absoluta por el delito de malversación; otros diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el delito de prevaricación y el pago de una multa de 6.000 euros y cuatro años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el delito de gestión interesada.