Acuerdo por Doñana en las vísperas del debate de la comunidad andaluza

En el el peor momento de la sanidad en Andalucía –pandemia aparte–, Juanma Moreno exhibirá en pleno debate de la comunidad en el Parlamento una pieza mayor de negociación política como es el acuerdo de Doñana. Gobierno y Junta escenifican este lunes en el Parque Nacional el pacto tras años de confrontación a cuenta de la proposición para el aumento de los regadíos en el entorno del enclave natural. En un momento de máxima tensión entre los dos grandes partidos, PP y PSOE, se alcanza además un acuerdo histórico anteponiendo el interés general.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, presentarán este lunes en una rueda de prensa conjunta el llamado «Acuerdo por Doñana» y firmarán el protocolo para el desarrollo territorial sostenible del área de influencia del espacio natural de Doñana tras semanas de negociaciones a cuenta de la polémica por la ampliación de regadíos. Previamente, ambos visitarán el Parque Nacional, según informó la propia Junta.

El presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes, convocó a las 11:30 horas en Almonte a los miembros del ente para «abordar asuntos de indudable trascendencia para el presente y futuro de Doñana y su comarca». Este viernes el consejero andaluz de la Presidencia, Antonio Sanz, ya adelantó que la negociación estaba en su recta final, después de que semanas atrás la vicepresidenta cuarta también anunciara la inminencia del acuerdo y de que posteriormente el presidente Juanma Moreno enfriara la cercanía de la «fumata blanca».

Los equipos de la Junta y el Gobierno llevan mes y medio negociando en un acuerdo para el que se dieron de plazo un mes. La polémica viene de la anterior legislatura andaluza con la proposición de ley impulsada en el Parlamento andaluz por PP y Vox para los terrenos de la Corona Norte de Doñana, que afectan a las localidades de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado, ampliando los terrenos calificados como suelos agrícolas regables «con aguas superficiales». El Gobierno enarboló la bandera de la salvaguarda de Doñana y la Junta defendió la sostenibilidad y las garantías para el Parque Nacional, al tratarse de zonas muchos kilómetros del Parque Nacional. En los últimos meses, además, la Junta anunció la compra de la finca de Veta La Palma para ampliar aún más el enclave protegido, haciendo una demostración de su compromiso con la llamada «revolución verde».

El pasado 3 de octubre Moreno y Ribera anunciaron tras una reunión que se posponía la aprobación de la proposición de ley de ordenación de los regadíos de la Corona Norte de Doñana en el Parlamento y que ponían en marcha un «diálogo» con todas las partes para buscar una solución tanto a este asunto como al desarrollo territorial de la comarca. Juanma Moreno abrirá este miércoles el primer debate sobre el estado de la comunidad autónoma que afronta desde que gobierna con mayoría absoluta tras la victoria del PP-A en las elecciones andaluzas del 19 de junio de 2022 con el acuerdo de Doñana por bandera.

Los ecologistas han recogido cautela el acuerdo. En declaraciones a Europa Press, el representante de WWF, Juanjo Carmona, se pronunció sobre la invitación que hace Miguel Delibes a los integrantes del Consejo de Participación de Doñana, a instancias de la Junta, para conocer las medidas para el Parque Nacional y su entorno de la Junta de Andalucía y del Gobierno .Su deseo es que esas iniciativas «deben empezar por el cumplimiento del plan de la fresa ya aprobado, por la retirada de la Proposición de Ley, por el cumplimiento de las normas que nos regulan y, por lo tanto, por impedir que este año siquiera salga una fresa al mercado, una fresa ilegal», convencido de que esa posibilidad, hectáreas de regadío que extraen ilegalmente agua del acuífero que nutre a Doñana, «sería impensable teniendo en cuenta que se pone en marcha este nuevo plan».

El portavoz Ecologistas en Acción en el Consejo de Participación de Doñana, Juan Romero, considera que el acuerdo Estado-Junta sobre Doñana es «siempre positivo si después se va a cumplir». En declaraciones a Efe, Romero indicó que «Doñana lleva años con un conflicto creado simplemente porque no se han cumplido ni las leyes ni los planes de ordenación que existían ni que existen». «No es el primer acuerdo que se ha alcanzado en la historia reciente de Doñana», señaló también remitiéndose a 1988 con la primera aprobación de un Plan de Ordenación conocido como el PDTC –Plan Director Territorial de Coordinación del Ámbito de Doñana– que ya ordenaba los usos del territorio y que quedó derogado en 1992 con Chaves.

La solución a las hectáreas que quedaron fuera de regularización en la Corona Norte de Doñana en 2014 es una de las claves del acuerdo. Se trata de unas 700 hectáreas que se quedaron fuera de ordenación cuando se aprobó el Plan de Ordenación de Regadíos de la Corona Norte de Doñana, el conocido como «Plan de la fresa».