El agujero económico que obliga a cerrar las residencias de tiempo libre de Andalucía: 15 millones al año

La Junta de Andalucía ha decidido que va a dejar de explotar las seis residencias de tiempo libre –instalaciones vacacionales dirigidas a trabajadores y familiares a precios económicos– que hay en Andalucía y, además, reubicará a los 341 trabajadores de estos centros. En declaraciones a los periodistas en San Roque (Cádiz), la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, señaló que se había detectado «una merma» del número de estancias en los últimos años y explicó que este servicio ha significado, desde 2015, pérdidas en las arcas públicas por valor de 123 millones de euros. «Solo 18.000 personas se habían instalado en estas residencias en el último año y supone un coste por estancia y día de 175 euros con independencia de si hay ocupación o no», detalló.

Según la información facilitada a Europa Press por la Consejería de Empleo, la encargada de gestionar estas residencias de tiempo libre, el agujero económico que dejan estas instalaciones es de 15 millones de euros al año, un montante que ahora «se podrá destinar a gasto social».

Ante estas cifras y al «no tratarse de un servicio esencial» –como explicó Blanco–, la Consejería de Hacienda será la encargada de poner a la venta las instalaciones de Aguadulce (Almería) y Pradollano (Sierra Nevada, Granada). A falta de una tasación definitiva, la Junta estima el valor de cada edificio en unos diez millones de euros.

Por su parte, las residencias de Marbella (Málaga) y La Línea de la Concepción (Cádiz) serán explotadas en régimen de concesión. El Gobierno andaluz considera «innecesario» desprenderse de unos activos inmobiliarios «en zonas de alta actividad turística y escaso suelo disponible». Por último, las instalaciones de Siles (Jaén) y Punta Umbría (Huelva) serán devueltas a los ayuntamientos, dueños de esos edificios.

En cuanto al personal laboral, Empleo asegura que «los trabajadores saldrán beneficiados» de esta operación, afirmando que los 341 trabajadores –once funcionarios y 330 laborales– serán reubicados dentro de la Administración «mejorando sus condiciones laborales». Según explican, podrán optar a puestos «más cercanos a sus domicilios, una larga demanda del colectivo». Asimismo, detalla que, entre ellos, hay 163 fijos discontinuos que trabajan seis meses y que a partir de ahora trabajarán todo el año.

No obstante, los sindicatos CC OO, UGT y CSIF rechazaron de forma unánime este cierre y lamentaron la «incertidumbre» que se cierne sobre los empleados. CC OO detalló que cerca de 400 trabajadores ejercen su labor en estas residencias y «una parte significativa de la plantilla es temporal o fija discontinua». Además, reprochó al Gobierno andaluz que «año tras año» ha ido «eliminando servicios y reduciendo personal».