¿Cuánto cuesta derribar el Algarrobico y por qué no se ha hecho ya?

Empieza a preocupar “qué planeta dejaremos al Algarrobico” en tanto que han pasado más de 16 años y el hotel en primerísima línea de playa de una paraje natural, como el dinosaurio de Monterroso, sigue ahí. Los memes fantasean ya, incluso, con la mítica escena final de “El Planeta de los simios” -atención, destripe o “spoiler”- en la que se ve un trozo de la Estatua de la Libertad jugando con las coordenadas espaciotemporales de la película.

El primer pleito, que giró sobre la nulidad de la licencia para construir el hotel de Carboneras, se inició en 2005 y el primer fallo es de 2006. Desde entonces, el Algarrobico ha visto tres presidentes autonómicos del PSOE -Chaves, Griñán y Susana Díaz- y uno del PP -Juanma Moreno-. En 2012 el Tribunal Supremo declaró la obra ilegal y el paraje como protegido. Cristóbal Fernández fue alcalde de Carboneras durante 28 años por el PSOE y ha dado tiempo a que un sobrino suyo José Luis Amérigo Fernández dirija el Ayuntamiento, también por el PSOE y desde 2019.

El Gobierno popular, que hace bandera de “la revolución verde”, ya incluyó en el Presupuesto de 2021 una partida para financiar los primeros trabajos de demolición. El Tribunal Supremo indicó “a la Junta que ha de ir a un pleito civil para obligarla a hacerlo, mediante una sentencia, y así poder inscribirlas a su nombre en el Registro de la Propiedad” en relación a la propiedad de los terrenos.

La semana pasada, el Supremo eludió pronunciarse sobre la licencia de obra municipal concedida en 2003, que se considera legal. El TSJA en sentencia de julio de 2021 señaló que el Ayuntamiento de Carboneras debía de revisar de oficio el permiso dado antes del derribo.

En pleno parque natural de Cabo de Gata, el gigante de cemento a 14 metros del mar, con 21 plantas y 411 habitaciones, cuenta con una veintena de fallos que corroboran su ilegalidad. La constructora aprovechó un vacío legal en la protección del suelo para comprar los terrenos de El Algarrobico en 1999. En total, 16,2 hectáreas por 2,3 millones.

En 2006 se pararon las obras, con el hotel al 74% y sentencia de los juzgados de Almería. En las elecciones de 2008 se prometió el derribo inmediato. Finalizando 2022, la constructora Azata y el Ayuntamiento aún litigian por la construcción y se ha vuelto al punto de partida al rechazar el Tribunal Supremo demoler ya el complejo e instar al Ayuntamiento de Carboneras a revisar la licencia municipal. Greenpeace, por su parte, recurrirá al Constitucional.

En 2008, la Consejería de Medio Ambiente catalogó la zona como “área degradada” para tratar de hacerse con los terrenos a cambio de 2,3 millones a la constructora en concepto de derecho de retracto.

¿Cuál es la situación urbanística y medioambiental?

La playa de El Algarrobico está en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar y cuenta con la protección del Plan de Ordenación de Recursos Naturales de la Junta de Andalucía de 1994, en el que se califica como objeto C1 de “área natural de interés general” y no urbanizable. La Ley de Costas de 1988 establece que el espacio de servidumbre -la distancia entre el hotel y la costa- tiene que ser de 100 metros.

Cronología

Azata, como se ha mencionado, compró lo terrenos en 1999 y obtuvo las licencias municipales y la calificación ambiental favorable en 2003.

Las asociaciones ecologistas denuncian y en 2006 el juzgado número 2 de lo Contecioso-Administrativo de Almería para las obras al 74%.

En 2012 el Supremo confirmó la violación de la ley de costas.

Más de una veintena de resoluciones judiciales del Supremo, el TSJA y la Audiencia Nacional señalan que el suelo no es edificable y que hay que demoler.

En 2018, el Supremo instó al Ayuntamiento a cambiar el PGOU.

En enero de 2014 el TSJA rechazó los recursos de la constructora y admitió que el terreno era de la Junta, que iba a inscribirlo en el Registro tras depositar en la Caja Provincial de Depósitos de Almería 2,3 millones.

El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino se comprometió, en colaboración con la Junta, a derrumbar y retirar los escombros. El entonces ministro Arias Cañete explicó que el Ministerio y la Junta habían pedido un “primer presupuesto” que arrojóun coste de 7.175.000 eurosy que ambas administraciones estaban “plenamente de acuerdo” en actuar en este caso.

¿Por qué no se derriba?

Queda pendiente ejercer el derecho de retracto, esto es, pagar los 2,3 millones de euros a la constructora para que los terrenos sean públicos, algo que Azata rechaza y por lo que pleitea, paralizando esta vía.

El último movimiento del Consistorio ha sido llevar su PGOU al punto de partida y alegar que debe modificar el expediente del Algarrobico. El Ayuntamiento informa cada 15 días al TSJA sobre las actuaciones para ejecutar la sentencia de 2018.