Ecologistas denuncian ante el Consultivo un “plano manipulado” en el caso Algarrobico

Ecologistas en Acción ha presentado un escrito de alegaciones ante el Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) en el que advierte de que el expediente de revisión de la licencia de obras remitido por el Ayuntamiento de Carboneras (Almería) incluye un “plano manipulado” que sitúa el hotel en suelo urbanizable.

Además, Ecologistas en Acción aporta otra serie de documentos para demostrar que la promotora conocía la ilegalidad antes de construir, con el fin de evitar cualquier indemnización.

El colectivo conservacionista se ha personado directamente ante el órgano consultivo apenas unos días después de que el Consistorio enviase la documentación bajo amenaza judicial, con el objetivo de desmontar la defensa municipal antes de que se emita el dictamen definitivo sobre la nulidad del permiso de obras de 2003.

En su escrito, al que ha tenido acceso EFE, el letrado de la organización, José Ignacio Domínguez, alerta de que el acuerdo plenario del pasado 11 de julio, por el que se inició la revisión de oficio, dio validez a una cartografía donde El Algarrobico aparece clasificado como “zona D2” (urbanizable) del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN).

Ecologistas en Acción contrapone a este documento el mapa publicado en el BOJA en 1994, donde el paraje figura como “zona C1” (áreas naturales de interés general), una calificación de suelo no urbanizable de especial protección ratificada por numerosas sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que, según denuncian, “ninguna ha sido cumplida hasta ahora”.

El escrito remitido al Consultivo dedica gran parte de su argumentación a probar la invasión de la servidumbre de protección de la Ley de Costas. Los ecologistas sostienen que el Plan Parcial del sector se aprobó en mayo de 1988 con una servidumbre de solo 20 metros, pero que la entrada en vigor de la Ley de Costas en julio de ese mismo año obligaba a adaptar la franja a los 100 metros al no haber derechos patrimonializados.

Para demostrar la “mala fe” o el conocimiento previo de esta irregularidad por parte de la empresa, el colectivo ha aportado al expediente una carta fechada el 9 de febrero de 1998. En ella, el propio arquitecto del hotel, Ubaldo Gómiz, preguntaba al Servicio Provincial de Costas por el ancho de la servidumbre, recibiendo como respuesta oficial que esta tenía “un ancho de cien metros”.

A pesar de esta confirmación oficial cinco años antes de recibir la licencia, el proyecto siguió adelante. Ecologistas en Acción adjunta también un informe del arquitecto técnico municipal de Carboneras, de 6 de marzo de 2006, en el que se reconoce explícitamente que “aproximadamente un 40 %” del edificio construido invade la franja protegida de los 100 metros.

El objetivo de estas alegaciones es doble: por un lado, asegurar que el dictamen del Consultivo certifique la nulidad radical de la licencia; y por otro, cerrar la puerta a que la promotora Azata del Sol pueda reclamar una indemnización millonaria.

El colectivo recuerda que el propio Consejo Consultivo, en un dictamen anterior de 2017, ya concluyó que no procedía indemnizar a la constructora al no existir antijuridicidad, dado que los promotores conocían las limitaciones urbanísticas y ambientales del terreno.

“La mercantil ya sabía que la servidumbre era de 100 metros”, insiste el escrito, que busca evitar que el Ayuntamiento utilice el expediente de revisión para "resucitar" urbanísticamente el sector o preparar el terreno para un resarcimiento económico a la empresa.