La Junta pide al TSJA que multe al alcalde de Carboneras por no revisar la licencia del Algarrobico

La Junta de Andalucía ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la interposición de multas o, en su caso, que deduzca testimonio contra el alcalde de Carboneras (Almería), Salvador Hernández (CS), al considerar que no ha iniciado ningún trámite efectivo para llevar a cabo la revisión de la licencia de obras concedida a Azata del Sol para levantar el hotel de El Algarrobico y poder así efectuar su anulación.

En un escrito remitido al tribunal, consultado por Europa Press, la Junta reclama medidas coercitivas después de que el primer edil comunicara a la Sala de lo Contencioso-administrativo que había encargado un informe para conocer qué pasos debía seguir al respecto en lugar de iniciar el expediente de revisión en cumplimiento de la sentencia que declaró nulo el permiso municipal.

Con ello, entiende la representación letrada de la Junta de Andalucía que la actuación municipal, limitada a encargar un informe sobre cómo actuar, no supone "actividad alguna" con la que dar cumplimiento al requerimiento hecho por el tribunal para revisar de oficio la licencia.

"No sólo no consta el cumplimiento de la providencia citada, sino que, de conformidad con el fallo de la sentencia de 22 de julio de 2021, ya debía estar tramitado el procedimiento de revisión de oficio y anulada la licencia por ser nula de pleno derecho", han trasladado desde el gabinete jurídico.

Ante dicha situación, el "retraso considerable" en el cumplimiento de la sentencia y dada la advertencia efectuada por el tribunal al regidor carbonero, desde la Junta han reclamado que lleve a cabo lo apercibido y, en función de su criterio, imponga al alcalde multas pecuniarias de entre 150 y 1.500 euros, o incluso deduzca testimonio ante una eventual responsabilidad penal por desobediencia.

GREENPEACE PIDE LA EJECUCIÓN SUBSIDIARIA

Por su parte, desde Greenpeace se ha insistido para que sea el propio tribunal el que ejecute de forma subsidiaria el fallo destinado a anular la licencia -lo cual también interesó la promotora- al no haberse incoado el procedimiento para la revisión de oficio de la licencia de obras por parte del Ayuntamiento ni haber "el menor indicio de que lo vaya a hacer".

Para los ecologistas, la solicitud de un informe sobre los pasos a seguir anunciado por el alcalde responde a una "ya reiterada estratagema" de dilación puesto que existe un fallo en firme desde el 18 de mayo de 2022. "Ha tenido tiempo durante estos tres años para instruirse sobre el conocido procedimiento de revisión de oficio", han recalcado.

Con ello, la organización cree que "no es casualidad" que el alcalde "pida ahora el informe justo el día en que vence el plazo" que le dio la Sala para justificar el inicio de los trámites municipales para anular la licencia del hotel, que posibilitaría su derribo, toda vez que recuerda que "con gran habilidad" el Ayuntamiento también ha dilatado la sentencia que le obliga a declarar como "no urbanizable" y de "especial protección" el terreno donde se ubica el hotel en su PGOU.

Las alegaciones tanto de Junta como de Greenpeace, que obran ya en poder de la Sala para tomar una decisión, devienen de la contestación ofrecida por el alcalde de Carboneras al ser requerido para que iniciara la revisión de oficio del permiso municipal que se otorgó para levantar el hotel de El Algarrobico, puesto que su actuación se limitó a encargar un informe sobre el procedimiento a seguir para dicho trámite.

La Sala volvió a pedir la ejecución del fallo destinado a la revisión de la licencia ante la petición de Azata del Sol, que reiteró en diciembre de 2024 dicha actuación por la cual, además, reclamaba el cumplimiento de la resolución que en febrero de ese ya se hizo al anterior alcalde, Felipe Cayuela.

El objetivo es que se dé cumplimiento a la sentencia firme en la que se señala que la licencia presenta "vicios de nulidad", de modo que su anulación sería uno de los pasos necesarios para acometer la demolición del polémico inmueble y "devolver a su estado originario" el paraje, "que debió mantenerse inalterable", según concluyó el Tribunal Supremo (TS).

La ponente María Isabel Moreno Verdejo hizo tal requerimiento al Ayuntamiento aunque no se pronunció sobre la posibilidad de que sea el propio TSJA el que, subsidiariamente, ejecute la sentencia y revise el expediente, tal y como interesó la propia constructora en su escrito inicial y también apoyaron los colectivos ecologistas.

A este extremo, sin embargo, se opuso la Junta de Andalucía, que si bien sostiene que la anulación de la licencia es la vía más corta para tumbar el hotel, cree que solo el Consistorio, en el que actualmente el PP conforma equipo de gobierno con el liderazgo de un único edil de CS, tiene la potestad para efectuar dicho trámite en virtud del "principio de identidad", dado que fue al Ayuntamiento al que se impuso la "obligación de admitir y tramitar el procedimiento administrativo".