“La justicia es justa si no es lenta”: cuatro años de espera por las amenazas de un violador

Esther Sabio es la madre de una joven que fue violada por su novio y dos amigos de éste cuando la víctima era menor de edad, y aunque la agresión sexual ya ha sido enjuiciada y se ha dictado condena, espera aún un nuevo juicio por amenazas a la chica, que tras cuatro años de espera aún no se celebra. “La justicia es justa si no es lenta”, lamenta.

Fue en mayo de 2019 cuando el ya condenado por la agresión sexual, A.M.P., y su amigo J.M.M.L. se encontraron con la hija de Esther en el recinto ferial de Almería en un festival de música. Allí, según mantiene la Fiscalía, el exnovio se acercó “de manera desafiante” a la joven y le hizo “el gesto de cortarle el cuello”, tras lo que el segundo le habría dicho al oído: “te vamos a volver a violar”.

Un episodio que hizo que la chica no sólo denunciase este incidente, sino también la violación grupal que sufrió seis años antes, cuando tenía 14 años, y que hasta ese momento había mantenido en silencio. Su exnovio y ella ya eran mayores de edad, pero éste fue juzgado como menor, porque lo era cuando se produjo la violación. Fue el único enjuiciado por la agresión sexual y se le impuso una pena de siete años de internamiento en un centro de menores.

Aunque fue en marzo de este año cuando se presentaron los escritos de acusación de la Fiscalía y de su letrado, Miguel Martínez, Esther aún no sabe cuándo se enjuiciarán estas amenazas, aunque la vista oral podría irse a 2025, según desvela a EFE.

“No entiendo lo que está pasando. Es duro porque -J.M.M.L.- se permite el lujo de ponerse delante de mi hija porque sabe que se bloquea (…) ¿Cuántas denuncias tengo que poner en un juzgado para que se le haga caso?”, pregunta.

Lamenta también que sólo uno de los violadores esté condenado. “A los otros dos nunca se les ha juzgado. A uno -el mismo que será enjuiciado por amenazas-, porque una fiscal no vio delito, y otro porque alguien no ha hecho bien su trabajo para identificarlo”, resalta.

La víctima asegura a EFE que intenta “avanzar” sin lograrlo por estos retrasos. “A día de hoy tengo un trabajo más o menos estable, pero es un proceso que se alarga tanto… Desde 2019 no sé nada, no me dan respuesta de ningún tipo. Aunque pueda seguir haciendo mi vida poco a poco, eso te desgasta mentalmente. Tengo miedo, aunque sepa que no, de que las amenazas prescriban”, asegura.

También teme que la condena sea menor de la esperada. La Fiscalía pide para los acusados sendas penas de 24 meses de prisión y dos órdenes de alejamiento de 500 metros durante cuatro años para ambos acusados por un delito de amenazas no condicionales, con la agravante de parentesco en el caso de A.M.P.

La misma pena que reclama el letrado Miguel Martínez, quien aspira a que la orden de alejamiento dure seis años. “La pena máxima a la que se enfrentan es de dos años. Si no es de dos años y un día, no tienen que ingresar en prisión”, explica.

“Me pongo diciembre como fecha límite, si no hay fecha de juicio, para presentar un escrito y solicitar que justifiquen el porqué de la tardanza”, revela.

“Los escritos de acusación y de defensa se han presentado. Lo único que falta es señalar fecha. Se ha abierto un penal nuevo, que está muy libre de de fechas de señalamiento, por lo que no tiene lógica que no haya un señalamiento”, concluye.